Documentación administrativa oficial revela presuntas irregularidades en la delegación de la Secretaría de Bienestar con sede en Matehuala, donde se advierten posibles casos de nepotismo en la contratación de personal, así como la existencia de personas en nómina que presuntamente no desempeñan funciones, mientras empleados activos enfrentan sobrecarga laboral y constantes comisiones fuera del estado.
De acuerdo con una denuncia hecha llegar a este medio, a inicios de 2025 personal adscrito a la región Altiplano, con base en Matehuala, fue comisionado a entidades como Tamaulipas y Baja California, así como a la Huasteca potosina, para tareas de repatriación de migrantes, levantamiento de censos y atención de emergencias por desastres naturales. Aunque estas actividades forman parte de sus funciones, los denunciantes aseguran que la negativa o imposibilidad de acudir a todos los llamados derivó en amenazas laborales, en las que presuntamente estaría involucrado el delegado estatal de Bienestar, Guillermo Morales López.
La denuncia se sustenta en documentación administrativa revisada y confirmada por este medio, incluyendo declaraciones patrimoniales y de intereses, versión pública, donde se detallan fechas de contratación, niveles y áreas de adscripción, información que coincide con registros administrativos y padrones oficiales del gobierno federal.
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Uno de los casos señalados es el de Lailah Damaris Martínez Martínez, cuya declaración patrimonial confirma que fue dada de alta como Servidora de la Nación el 1 de marzo de 2024, adscrita a la Unidad de Coordinación de Delegaciones (UR 112), con nivel P11 y funciones de difusión y promoción de programas sociales. Su contratación habría ocurrido cuando su hermano, Jesús Guille Martínez Martínez, se desempeñaba como director regional en la zona de Matehuala, cargo que dejó en 2025 para asumir como delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Otro caso corresponde a Mayra Fernanda Ibarra Loredo, quien, según documentos oficiales presentados ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, fue dada de alta el 1 de febrero de 2024 como Servidora de la Nación, también con nivel P11 y adscripción a la misma unidad administrativa. Ambas personas figuran asignadas a Matehuala; sin embargo, denunciantes aseguran que no laboraron en ese municipio ni en otro, mientras otros trabajadores cubrían comisiones fuera del estado y atendían emergencias nacionales.
Los documentos revisados corresponden al periodo en que la delegación estatal de Bienestar es encabezada por Guillermo Morales López, instancia responsable de la administración, validación y supervisión del personal asignado a la región Altiplano, incluyendo Matehuala, donde ahora se concentran las acusaciones por presuntas irregularidades.
