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FGR y la Función Pública van sobre Iván Estrada

CDMX.- La Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación en contra del presidente municipal de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, por la comisión de hechos con apariencia de delitos en la realización de diversas obras que, según se sabe, le fueron asignadas en su momento por Ayax Ulises Jonguitud Austria, cuando este se desempeñaba como delegado de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) en San Luis Potosí; lo anterior, de acuerdo con fuentes internas de la misma institución.

Según refieren, abusó del poder que ostentaba para convertir al hoy alcalde de Matehuala en el contratista favorito de la Comisión, de esta manera, pudo asignarle millonarias obras que, por desgracia, Iván Estrada construyó con muy mala calidad. Los expedientes de denuncia durmieron varios años el sueño de los justos, tanto en la Secretaría de la Función Pública como en la Auditoría Superior de la Federación, gracias a las buenas artes de Jonguitud.

Con tantos negocios y tranzas de por por medio, Ulises Jonguitud e Iván Estrada se volvieron amigos y socios, pero una vez que Estrada llegó a la alcaldía puso tierra de por medio y le dio un portazo en la cara a su socio, apropiándose de diversos bienes que compraron juntos. La traición despertó fieros reconcores pues, en gran medida, el alcalde matehualense pudo crecer gracias a los turbios negocios que hizo a costa del recurso que se asignó a la CONAZA.

En venganza, Jonguitud dejó de proteger los expedientes de investigación contra Iván Estrada permitiendo que las autoridades correspondientes avanzaran en el proceso de investigación y destaparan todas las tranzas e irresgularidades que se cometieron con recursos públicos y que no sólo se asignaron de manera tendenciosa, sino que también se aplicaron en obras de mala calidad, por ello, aseguran, el ahora alcalde de Matehuala tendrá que responder ante las imputaciones que pesan en su contra.

Distintas fuentes coinciden en señalar que, así como estas denuncias, existen otros expedientes que están siendo integrados tanto en la Federación como en el Estado en donde también podría ser llamado por la justicia para rendir cuentas y aclarar las irregularidades y posibles delitos cometidos en perjuicio del erario público desde hace varios años.

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