La gente ya está cansada, hasta la madre, ya no quiere robos, ya no quiere asaltos, ya no quiere extorsiones, es lo que más le duele; lamentó el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, al reiterar su compromiso para implementar las acciones que sean necesarias y que permitan enfrentar de manera efectiva el fenómeno de la violencia e inseguridad que dejó crecer el pasado gobierno y que, ahora, debe atender con urgencia para beneficio y tranquilidad de los potosinos.
El mandatario afirmó que, en materia de seguridad, San Luis Potosí va avanzando, caminando con paso firme, armando estrategias para acabar con la delincuencia ya que, para ello, se está trabajando en forma coordinada con los diferentes niveles de gobierno, prueba de ello es la base de la Guardia Nacional que se habrá de instalar en el municipio de Charcas y que permitirá fortalecer la seguridad en todo el Altiplano en conjunto con la Guardia Civil que comenzará operaciones en los próximos meses.
“Los potosinos queremos vivir en paz, tranquilos, sin muertos en las calles ni asesinatos, que no estén extorsionado con el ‘cobro de piso’ a comerciantes de abarrotes, carnicerías, refaccionarias, a empresarios, porque están dañando la economía. Eso no debe de suceder” afirmó el gobernador al reconocer las pésimas condiciones en que se recibió a San Luis Potosí, completamente desprotegido y entregado a los grupos criminales.
De igual manera, reiteró que su obligación como gobernador es garantizar la seguridad de todos los potosinos, de ahí que se esté trabajando en las Mesas de Seguridad para atender, desde el lugar de los hechos, los principales problemas de inseguridad y violencia que se están presentando, ello, en conjunto con los municipios y la Federación por lo que, sostuvo, hay confianza de que pronto se puedan entregar mejores resultados.
Adelantó que, en unas semanas más, estará de vuelta en Matehuala y otros municipios del Altiplano, desde donde estará atendiendo los temas que más le interesan a la gente y dando los resultados que se esperan en materia de desarrollo y asistencia social, de infraestructura y otros proyectos por demás necesarios para garantizar mejores condiciones de vida para los potosinos y abatir el rezago que se desprende de “la herencia maldita”.
