Aunque el problema se ha venido denunciando desde hace varios años, las autoridades municipales y estatales han sido omisas a las constantes denuncias de activistas y ciudadanos que han coincidido en señalar el grave daño ecológico que está ocasionando la operación de la Minera Santa María de la Paz a los municipios de Matehuala y Villa de la Paz en donde, aseguran, los efectos son cada vez más evidentes y severos.
Desde hace mucho tiempo, explican los afectados, se ha buscado el apoyo de instancias ecológicas en el municipio, en el estado y en la federación, sin embargo, han pasado los años y la gente sigue expuesta a los efectos contaminantes que se desprenden del mal manejo de residuos tóxicos y otras actividades que forman parte de la dinámica regular de la minera y que, desde luego, se llevan a cabo ante la omisión o el contubernio de las autoridades correspondientes.
Detallan que la situación es realmente grave, aunque las instancias gubernamentales se nieguen a reconocer el problema ya que, en ocasiones y a varios kilómetros a la redonda, se llegan a percibir olores por demás desagradables que provienen de la minera y que exhiben los altos niveles de contaminación que existen en el aire, eso sin contar las advertencias que existen sobre un posible “envenenamiento” de los mantos acuíferos y el suelo de la región, cuestiones que, tarde o temprano, repercutirá todavía más en perjuicio de los habitantes de algunas colonias y comunidades de Matehuala, así como todo el territorio de Villa de la Paz.
En ese sentido, reiteraron el llamado a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado, las direcciones de Ecología de los Ayuntamientos y a los propios presidentes municipales para que, en la medida de sus posibilidades atiendan esta situación y garanticen el bienestar integral para todos los habitantes de la zona que, reiteran, están expuestos a un grave problema que mengua su salud paulatinamente.
