La guardería del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Matehuala ha cerrado sus puertas, dejando desamparados a numerosos beneficiarios. La decisión, atribuida al presidente municipal Raúl Ortega, ha puesto en el ojo del huracán la complicidad de la presidenta del DIF, Zoraira Hernández de los Reyes, a quien se señala por su inacción y por presuntamente permitir que los niños quedaran «en la calle».
Hernández de los Reyes, quien por su posición debería ser la imagen sensible de la administración municipal, es fuertemente criticada por no haber intercedido para evitar el cierre de este servicio esencial.
La polémica se intensifica al revelarse que el presupuesto mensual del DIF municipal, que inicialmente era de 800 mil pesos, fue incrementado por acuerdo de regidores y el alcalde a la impresionante cifra de un millón 200 mil pesos mensuales. Este monto, que debería ser suficiente para cubrir los gastos de la guardería y otras necesidades del DIF, estaría siendo desviado.
Fuentes cercanas a la administración aseguran que gran parte de este presupuesto millonario se destina al pago de sueldos de una «sobrepoblación de trabajadoras» que habrían sido colocadas directamente por Zoraira Hernández. Presuntamente estas contrataciones serían una forma de pagar «favores de campaña» de su esposo.
Además de las acusaciones de desvío de fondos, el DIF de Matehuala enfrenta señalamientos por nepotismo. Se ha denunciado la presencia de personal con vínculos familiares directos con funcionarios públicos, como la cuñada de la regidora Adriana Mendoza Coronado y la esposa del titular del Ramo 33. A esto se suman las sospechas sobre la existencia de «aviadores» en la nómina del DIF, personas que percibirían un sueldo sin desempeñar ninguna labor.
El cierre de la guardería y las graves acusaciones de corrupción y nepotismo en el DIF de Matehuala dejan vulnerables a decenas de familias que requieren de los servicios del cuidado de sus niños para poder trabajar y llevar el sustento a sus hogares.
