El 2026 se perfila como un año de profunda reconfiguración económica para México, pero no precisamente en un sentido positivo. La ruta que se ha trazado desde el ámbito federal apunta más a una mayor recaudación vía impuestos que a una estrategia real de crecimiento económico. El golpe será directo al bolsillo de la población, un impuesto más gravoso a la gasolina, un aumento del 20 por ciento al precio de los cigarros y un ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para los refrescos, que será de tres pesos por litro. En esta categoría entran también los sueros y bebidas deportivas, lo que amplía el impacto a productos de consumo cotidiano. La cerveza, otro producto de alta demanda, tampoco escapará de estos incrementos.
Todo esto ocurre en un contexto donde la economía nacional no muestra señales claras de fortalecimiento. El 2025 ya dejó en evidencia que México no está haciendo lo necesario para crecer de manera sostenida. No existe un plan económico integral que incentive la inversión, genere empleo de calidad o mejore de forma tangible las condiciones de vida de la población. El discurso oficial insiste en aumentos al salario mínimo, pero la realidad es que la cifra resulta insuficiente frente al encarecimiento generalizado de bienes y servicios.
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A nivel país, la falta de obra pública es alarmante. No hay proyectos estratégicos que dinamicen la economía regional ni que detonen cadenas productivas. A esto se suma una crisis silenciosa, pero profunda, en el sector salud. La escasez de medicamentos continúa y el acceso a atención especializada se ha vuelto un privilegio. En el Altiplano potosino, por ejemplo, hay personas que llevan más de un año esperando una cita con especialistas como cardiólogos, endocrinólogos, psiquiatras o geriatras. No se trata de casos aislados, sino de una constante que refleja el deterioro del sistema.
Paradójicamente, a nivel estatal se presume que la actividad económica presenta buenos números. Sin embargo, esos datos no se traducen en nuevas inversiones ni en mejores condiciones para la población. La razón no es únicamente interna; México enfrenta fuertes presiones externas, particularmente desde Estados Unidos, que han generado incertidumbre y frenado decisiones de inversión. El resultado es una economía que se mueve, pero no avanza.
En el plano local, la situación es todavía más delicada. La economía no solo enfrenta la tradicional cuesta de enero, sino una crisis prolongada que obliga a las empresas a actuar con extrema cautela. Muchas han optado por restringir gastos, reducir personal y operar únicamente con lo indispensable para sobrevivir. El ambiente es de contención, no de crecimiento. La única excepción notable en la región es la minera Santa María de la Paz, que mantiene actividad y estabilidad en medio del panorama adverso.
Pero si el entorno económico es complicado, el manejo de los recursos públicos municipales agrava aún más la situación. En Matehuala, el saqueo de las arcas municipales es descarado. Se facturan alrededor de tres millones de pesos mensuales por maquinaria que supuestamente opera en el relleno sanitario, pero que los propios trabajadores aseguran nunca haber visto. Una simulación burda que nadie fiscaliza y que se ha normalizado en la impunidad.
En Catorce, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué hace el alcalde Javier Sandoval, alias El Gudy, con todo el dinero que ingresa por concepto de entradas y estacionamientos? Ni siquiera respetó el aguinaldo de los trabajadores, al que intentó regatear, mostrando una clara falta de sensibilidad y compromiso con quienes sostienen la operación del municipio.
En Venado, la alcaldesa conocida como “La Reyitos” intentó recomponer el rumbo, pero los esfuerzos no alcanzaron para revertir el deterioro. En Charcas, Marisol Nájera prácticamente ha desaparecido de la escena pública, más enfocada en su sucesión política que en atender los problemas urgentes del municipio. La gestión quedó en pausa mientras ella piensa en el futuro personal.
Cedral representa uno de los casos más preocupantes. Bajo la administración de Cinthia Segovia, el municipio se ha convertido en el más inseguro del Altiplano. Es un secreto a voces el libre tránsito de grupos delictivos que operan sin mayor obstáculo. Lo más grave es que, cuando surgen conflictos, los alcaldes ni siquiera los reportan a la Guardia Nacional, dejando a la población completamente expuesta.
Así, el 2026 se anuncia como un año de más impuestos, menor poder adquisitivo y gobiernos locales rebasados, cuando no francamente ausentes. Sin un plan de crecimiento, sin inversión, sin obra pública, sin salud y con una inseguridad creciente, el panorama económico y social del país, y particularmente del Altiplano, no solo es poco alentador, es profundamente preocupante.
