San Luis Potosí atraviesa una crisis de salud que ya no puede ser ignorada. La escasez de medicamentos es generalizada y afecta a prácticamente todos los municipios, pero el Altiplano Potosino se ha convertido en una de las regiones más golpeadas. A pesar de los informes oficiales del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, que aseguran un abasto del 90%, la realidad para los ciudadanos es completamente distinta, hospitales y clínicas carecen incluso de medicamentos básicos como paracetamol o antibióticos esenciales.
Los programas sociales prometidos como solución inmediata, como “Salud casa por casa”, no han cumplido las expectativas. Muchos médicos enviados a las comunidades carecen del equipo e insumos necesarios para brindar una consulta completa, y la dificultad para agendar citas convierte la atención médica en un verdadero martirio. Familias enteras deben invertir horas y recursos solo para acceder a servicios básicos, mientras algunos pobladores han solicitado pausar obras públicas para priorizar la entrega de medicamentos, una petición que hasta ahora no ha sido atendida.
La crisis se extiende también al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Derechohabientes de la Clínica 10 de Matehuala denunciaron públicamente la negación de boletos para trasladarse a la capital potosina y recibir atención de especialidad. Testimonios indican que decenas de personas llegan desde la madrugada con la esperanza de obtener un pase, pero los empleados informan que “no hay boletos”, sin que el director ni el administrador de la clínica estén presentes para dar solución. El impacto económico es considerable: trasladarse por cuenta propia representa un gasto que muchas familias no pueden cubrir, afectando directamente a quienes más necesitan atención.
Pero la crisis de salud no se limita a la falta de medicamentos. La corrupción también se ha infiltrado en los programas sociales. Coordinadoras de los programas del Bienestar han sido acusadas de cobrar “moche” para entregar los beneficios, una práctica que evidencia la falta de supervisión y el abuso de poder. Guillermo Morales, delegado del Bienestar en San Luis Potosí, no ha logrado controlar esta situación, que se ha salido de las manos. Mientras tanto, las comunidades continúan sin acceso adecuado a medicinas y servicios básicos, a pesar de los supuestos recursos destinados por el gobierno federal.
San Luis Potosí enfrenta así una doble crisis, la falta de medicamentos y atención médica adecuada, combinada con la corrupción en los programas sociales, dejando en evidencia la ineficacia de las políticas públicas y la urgencia de una intervención real que priorice la salud y el bienestar de la población. La vida de los potosinos no puede seguir esperando a informes oficiales que no reflejan la realidad ni a programas sociales que se desvían de su propósito original.
El Congreso del Estado ha anunciado las comparecencias de funcionarios estatales del 20 al 22 de octubre de 2025, que se llevarán a cabo en el auditorio Manuel Gómez Morín. Este ejercicio permitirá que representantes de diversas secretarías, incluyendo Salud, Seguridad, Finanzas, Desarrollo Social y Desarrollo Económico, rindan cuentas ante los legisladores. Cada funcionario tendrá un tiempo limitado para exponer su informe y responder preguntas de los diputados, un procedimiento que, aunque formalmente necesario, deja dudas sobre su efectividad real.
La intención de estas comparecencias es garantizar transparencia y supervisión sobre la gestión pública. Sin embargo, la realidad demuestra que este mecanismo no aborda la totalidad de los problemas. La rendición de cuentas debería incluir también a los alcaldes de los municipios, quienes administran recursos directamente destinados a los servicios locales y son responsables de garantizar servicios básicos como seguridad, agua potable, infraestructura y salud. Es cierto que para eso existen los “Informes de Gobierno”, pero la realidad es que los alcaldes suelen presentar informes incompletos, con espacios en blanco y sin evidencia de avances concretos.
Un ejemplo claro es el de Matehuala y su alcalde, Raúl Ortega. Su gobierno se ha caracterizado por promesas incumplidas y datos que no reflejan la realidad de la ciudadanía. La seguridad en el municipio no ha mejorado, las calles y la infraestructura básica permanecen deterioradas, y los servicios esenciales, como el suministro de agua y el acceso a medicinas, continúan siendo insuficientes. La falta de gestión efectiva no solo frustra a la población, sino que evidencia un patrón de desinterés y negligencia en la administración municipal. Eso sí, en su informe el alcalde dirá que todo está bien, que Matehuala avanza correctamente, y presentará datos imposibles de verificar.
Si bien el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) tiene la responsabilidad de auditar las cuentas públicas, su labor es lenta y poco efectiva. Esto permite que alcaldes y funcionarios continúen presentando “cuentas alegres”, mientras la sociedad sufre las consecuencias de la falta de supervisión y sanciones. La corrupción y la negligencia se perpetúan, y los ciudadanos quedan atrapados en un sistema que falla en proteger sus derechos más básicos.
San Luis Potosí enfrenta, en suma, un panorama alarmante, la escasez de medicamentos, la corrupción en programas sociales y la falta de rendición de cuentas tanto de funcionarios estatales como municipales muestran que las prioridades no están alineadas con las necesidades de la población. La salud, la seguridad y el bienestar de los potosinos no pueden esperar a informes maquillados ni a promesas incumplidas; requieren acciones inmediatas, transparencia y responsabilidad en todos los niveles de gobierno.
