En Guadalcázar la realidad se ha vuelto imposible de ocultar. Bajo el gobierno del alcalde Gumaro Verdín Puente, el municipio enfrenta una combinación de problemas que cada día pesa más sobre la vida de sus habitantes: inseguridad, carencia de agua, abandono de comunidades y una autoridad cada vez más distante de la ciudadanía. Lo que antes era un municipio con desafíos manejables hoy se percibe como un territorio donde la autoridad municipal parece haber perdido el control.
La inseguridad es uno de los temas que más preocupa a los habitantes. En diversas comunidades del Altiplano se ha señalado que las carreteras hacia Guadalcázar se han convertido en rutas peligrosas, donde grupos delictivos se desplazan con aparente libertad. Para muchos ciudadanos, el municipio se ha transformado en uno de los puntos más violentos de la región, mientras el gobierno local parece rebasado o simplemente ausente ante la magnitud del problema.
A esto se suma el cambio de actitud que los propios ciudadanos dicen haber visto en el alcalde. Quienes antes lo recordaban como un funcionario cercano y accesible, hoy describen a un edil distante, prepotente y difícil de encontrar. Vecinos aseguran que al inicio de la administración podían acudir a la presidencia municipal y plantear sus problemas; ahora, afirman, acceder al alcalde es prácticamente imposible y cuando lo logran, el trato dista mucho de aquel estilo cordial que alguna vez lo caracterizó.
Las quejas ciudadanas también apuntan al abandono de los servicios básicos. Calles deterioradas, falta de agua y carencias en infraestructura son temas que se repiten en distintas comunidades. Habitantes señalan que las peticiones se acumulan sin respuesta y que el Ayuntamiento no ha logrado atender necesidades elementales, lo que ha generado una sensación creciente de ingobernabilidad y desconfianza hacia la administración municipal.
Consulta nuestra edición impresa: https://cutt.ly/TtTbeGdO
Mientras tanto, las cifras sobre los ingresos del propio alcalde han causado indignación. De acuerdo con datos difundidos por la organización Ciudadanos Observando, Verdín Puente percibe más de 140 mil pesos mensuales, un salario que supera ampliamente lo que marca la legislación estatal para funcionarios municipales. Para muchos ciudadanos, el contraste entre ese sueldo y las condiciones del municipio resulta difícil de justificar.
El malestar también alcanza al interior del propio Ayuntamiento. Denuncias señalan que trabajadores municipales laboran sin recibos de nómina, sin seguridad social y sin prestaciones básicas. Algunos empleados, incluidos barrenderos, han sido catalogados como “apoyo social”, una figura que les permite trabajar jornadas completas sin reconocimiento formal como trabajadores. Incluso se ha denunciado que el aguinaldo de algunos empleados fue retenido para financiar eventos y celebraciones municipales.
Los escándalos no terminan ahí. Recientemente, el municipio volvió a aparecer en la conversación pública tras el robo de equipo de comunicación relacionado con actividades de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo que nuevamente puso a Guadalcázar bajo los reflectores nacionales por razones poco favorables.
El episodio más reciente ocurrió tras una fuerte granizada que provocó el colapso del techo en el kínder Jaime Nunó y la primaria Benito Juárez en la comunidad de Pozas de Santa Ana. Padres de familia aseguran que durante meses solicitaron apoyo al Ayuntamiento para revisar la infraestructura escolar, pero las peticiones fueron ignoradas. Solo después de que la estructura se vino abajo, el tema comenzó a recibir atención. Afortunadamente, ningún niño resultó herido, pero el incidente dejó en evidencia el abandono que denuncian los habitantes.
Guadalcázar vive hoy una etapa de desgaste político y social. La pregunta que muchos ciudadanos se hacen ya no es si hay problemas, porque son evidentes, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse un gobierno municipal que, a juicio de sus propios habitantes, ha dejado de escuchar a la gente. En un municipio donde las advertencias se acumulan, el riesgo es claro: cuando la autoridad no responde, la confianza termina por derrumbarse igual que un techo mal atendido.
