La brecha de progreso urbano entre las cabeceras municipales y el rezago en las comunidades del Altiplano Potosino se hace cada vez más extensa, a pesar de las promesas de desarrollo integral. Los alcaldes de la región parecen destinar solo “migajas” de inversión a las zonas rurales en los presupuestos de egresos, dejando a miles de ciudadanos con una profunda sensación de abandono.
Un análisis de los proyectos presupuestales revela que la asignación de recursos para obras en comunidades es mínima o, en algunos casos, nula. Esta diferencia en la inversión se traduce directamente en la baja calidad de vida de los habitantes de estas zonas, quienes claman por servicios básicos que, en las áreas urbanas, se presumen con bombo y platillo. La falta de alumbrado público digno es una de las quejas más recurrentes: calles y caminos vecinales sumidos en la oscuridad no solo representan un problema de seguridad, sino que también limitan la movilidad.
Residentes de diversas comunidades señalan que a sus localidades solo llegan intermitentes promesas de reparación o alumbrado, que rápidamente quedan inservibles. Pero la necesidad más urgente y visible en el Altiplano es la de infraestructura vial. Mientras en las cabeceras municipales se destinan inversiones a pavimentaciones y remodelaciones, las zonas rurales deben conformarse, en el mejor de los casos, con trabajos esporádicos de emparejamiento de caminos. Estas labores ofrecen un alivio temporal que se desvanece con la llegada de las lluvias: los caminos recién intervenidos se llenan de lodazales y se vuelven prácticamente intransitables.
Como resultado, se generan interrupciones en la comunicación, dificultades para el acceso a escuelas y, en situaciones de emergencia, serias demoras en la llegada de los servicios de salud. La política de asignar presupuestos de manera desproporcionada ha provocado un creciente descontento social y una sensación generalizada de olvido. Los proyectos que se aprueban para el campo suelen basarse en apoyos o herramientas que, en la mayoría de los casos, provienen de fondos estatales y federales; sin embargo, los gobiernos municipales no abordan las necesidades de infraestructura que podrían impulsar el desarrollo económico de la región. La prioridad de las administraciones sigue siendo centrar las obras en las zonas urbanas, ampliamente transitadas y de mayor impacto político, mientras los habitantes rurales deben conformarse, o bien insistir ante autoridades estatales, para lograr cubrir sus necesidades más básicas y acceder a una vida digna.
