Las protestas contra el maltrato animal durante la pasada Feria Nacional Potosina (FENAPO) pusieron de nuevo en la agenda pública un tema que, en San Luis Potosí, durante años ha pasado entre la indiferencia social y la débil respuesta institucional. Mientras que en la capital los reflectores apuntaban hacia las corridas de toros, los palenques y las denuncias por abuso de caballos en los juegos de la feria, en el Altiplano potosino, una de las regiones más extensas y olvidadas del estado, la realidad no es distinta, aunque sí menos visible.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, en 2024 se atendieron 82 denuncias por maltrato animal en todo San Luis Potosí, con prácticas que van desde el envenenamiento y el abandono hasta la desnutrición y el uso de violencia directa. Para 2025, la cifra ronda ya las 20 denuncias formales, sin contar los reportes ciudadanos que rara vez llegan a convertirse en carpeta de investigación y que, en muchos casos, ni siquiera se registran.
En municipios como Matehuala, Cedral, Charcas, Vanegas o Catorce, organizaciones locales y rescatistas independientes hablan de una problemática cotidiana: perros y gatos callejeros en condiciones de extrema vulnerabilidad, caballos explotados en labores de carga o turismo, y casos de violencia que pocas veces se denuncian ante las autoridades. “Lo más común aquí es ver animales muy desnutridos en la calle. Muchos mueren atropellados o envenenados. No se reporta porque la gente cree que no sirve de nada”, explica una rescatista de Matehuala que pide anonimato por temor a represalias.
Aunque no existen estadísticas oficiales desglosadas por región, activistas locales aseguran que el Altiplano concentra un porcentaje importante de casos de abandono y crueldad animal. En Charcas, por ejemplo, se han denunciado caballos usados en condiciones insalubres para tirar carretas; en Real de Catorce, los equinos de los paseos turísticos han sido señalados por falta de agua y descanso; en Matehuala, colectivos han reportado envenenamientos masivos de perros callejeros. San Luis Potosí cuenta con una Ley de Protección a los Animales que tipifica el maltrato como delito, pero en la práctica menos del 20 por ciento de las denuncias avanzan y casi todas concluyen en acuerdos reparatorios. Pareciera entonces que las leyes no son tan duras como para sancionar este tipo de delitos que, es bien sabido, pueden ir escalando hasta que la violencia ya no se aplique en contra de animalitos, sino de otras personas. El caso de Hope, la perrita quemada en la capital y cuyo expediente sí derivó en detenciones, es la excepción que confirma la regla.
En el Altiplano es todavía más difícil porque ni siquiera se denuncian los casos: la gente no confía en las autoridades y muchas veces depende de los animales para trabajar. Sin embargo, es claro que hay hechos graves que no se han atendido, prueba de ello es lo ocurrido en diciembre de 2022, cuando un sujeto le prendió fuego a una camada de perritos en Matehuala solo por diversión. “La ley existe, pero aquí se queda en el papel; en la realidad, nadie se atreve a ir a la Fiscalía a levantar una denuncia, y cuando lo hacen, saben que casi nunca pasa nada”, comenta el abogado Alejandro Llanas, al cuestionar la manera en que las autoridades actúan para atender este tipo de denuncias y la impunidad que se desprende de estas omisiones.
El debate sobre el trato a los animales en ferias, corridas y espectáculos populares ha servido para visibilizar una problemática más amplia: el maltrato cotidiano que ocurre fuera del ojo público. En el Altiplano, donde las carencias sociales son profundas, los animales terminan siendo víctimas colaterales de la pobreza, la falta de educación y la ausencia de políticas de bienestar. Los colectivos coinciden en que hace falta voluntad política para implementar campañas de esterilización masiva, programas de adopción y sanciones ejemplares. “El maltrato animal no es solo un tema moral, también es un reflejo del rezago social”, sostienen activistas que han documentado la situación en la zona.
Mientras las protestas en la FENAPO atraen reflectores y generan debate en redes sociales, en los municipios del Altiplano la crueldad animal sigue ocurriendo lejos de la atención mediática. Las denuncias existen, pero son apenas una fracción de una realidad que permanece oculta. La deuda con los animales del desierto potosino no es menor: sin acciones concretas, la violencia contra ellos seguirá siendo parte de un paisaje cotidiano donde el silencio, la indiferencia y la impunidad pesan más que las leyes.
