El cierre de año se acerca y el Altiplano Potosino sigue enfrentando un panorama económico y social complicado. La región, de donde proviene la mayoría de los paisanos potosinos, sufre los efectos de un 2025 marcado por la incertidumbre. El envío de remesas cayó de manera significativa, lo que impacta directamente a las familias que dependen de estos recursos para su sustento diario. Además, el contexto internacional, especialmente las políticas de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump, ha generado un clima de temor. Quienes lograron obtener la ciudadanía americana ahora se cuidan de regresar, conscientes de que podrían enfrentar la prohibición de reingreso o, en el peor de los casos, complicaciones legales que limiten su movilidad y su estabilidad económica.
Los paisanos, quienes sueñan con regresar para pasar Navidad con sus familias, enfrentan la amarga realidad de que este deseo no podrá cumplirse. La preocupación por no poder regresar a Estados Unidos, sumada a los riesgos de seguridad y a la posibilidad de ser víctimas de delincuentes, ha obligado a muchos a quedarse lejos de casa. Esta ausencia repercute directamente en los comercios pequeños del Altiplano, que dependen del flujo de dinero que traen los migrantes durante la temporada navideña, provocando un efecto en cadena que golpea a la economía local en el cierre del año.
Pero la situación no se limita al ámbito internacional. En las carreteras de la región, la inseguridad ha escalado a niveles alarmantes. Extorsiones, asaltos y secuestros se han vuelto parte de la vida cotidiana de quienes transitan de un municipio a otro. A pesar de que circula más dinero que en años anteriores, los paisanos, quienes sostienen gran parte de la economía local, han optado por guardar sus recursos, ante la falta de garantías de seguridad y ante la imposibilidad de disfrutar de derramas o apoyos significativos este año. En Matehuala, por ejemplo, el empleo se ha mantenido estable en términos generales, pero las grandes empresas de la Zona Industrial se han visto obligadas a implementar paros técnicos, mostrando que la estabilidad laboral está lejos de ser sólida.
Al mismo tiempo, surgen otros problemas que reflejan la negligencia institucional, siendo la atención al autismo en Matehuala uno de los más graves. La ausencia de un DIF Municipal proactivo y de un gobierno local que realmente atienda las necesidades de las personas con trastornos del espectro autista ha generado un vacío que algunos buscan aprovechar. En los últimos meses, individuos y grupos han ofrecido supuestas “curas milagrosas”, alertando a la comunidad sobre posibles estafas dirigidas a familias desesperadas. Resulta particularmente cuestionable que el autismo se haya convertido en la bandera de Zoraira Hernández de los Reyes, esposa del alcalde Raúl Ortega, y presidenta del DIF Municipal, cuando la falta de acciones efectivas pone en riesgo la protección y el bienestar de quienes más lo necesitan.
Basta con recordar como, en un acto de protesta y memoria, varias familias se reunieron en la Plaza de la Solidaridad, un espacio público recientemente remodelado con recursos que, según los denunciantes, debieron destinarse a la atención de la comunidad autista. Durante la manifestación, colocaron una placa metálica con la leyenda “Plaza de la Injusticia”, como forma de señalar que, mientras se gastan millones en infraestructura, no se cumple una sentencia que busca garantizar derechos básicos como salud, diagnóstico y terapias especializadas para los niños con autismo. Horas después, personal del Ayuntamiento retiró la placa, evidenciando la falta de disposición de las autoridades para reconocer y atender las demandas ciudadanas, mientras las familias se quedaban sin respuestas ni soluciones concretas.
Raúl Ortega y Zoraira Hernández bloquearon y humillaron a personas que buscaban su apoyo. Su comportamiento fue inhumano, mostrando una evidente falta de empatía hacia las familias y niños. Mientras proyectan una imagen pública de cercanía y compromiso social, los hechos demuestran una postura autoritaria y despectiva, que ignora necesidades básicas de salud, diagnóstico y atención terapéutica.
El panorama político local tampoco ofrece motivos para estar tranquilos. Con el fin de año acercándose, los alcaldes ya preparan sus bonos, que presentarán en las sesiones de cabildo y que, según la experiencia, seguramente serán aprobados sin cuestionamientos por los regidores. Mientras tanto, los comercios pequeños y medianos sufren la ausencia de derramas y de inversión local; los ciudadanos que sostienen la economía siguen cargando con la incertidumbre, el miedo y la falta de apoyo institucional, mientras los beneficios para los funcionarios se consolidan sin debate ni justificación.
La preparación y aprobación de estos bonos se percibe como un acto de privilegio político que refleja la desconexión de los alcaldes con la realidad de sus comunidades. En muchos casos, los montos de estos incentivos superan lo que una familia promedio percibe en un año completo. Aunado a esto, la falta de transparencia en cómo se destinan los recursos públicos y la ausencia de contrapesos reales dejan claro que los intereses personales prevalecen sobre las necesidades de educación, seguridad, empleo y desarrollo.
El Altiplano Potosino cierra el 2025 entre la incertidumbre económica, la desprotección y la inacción institucional. La población que sostiene la región enfrenta no solo la falta de apoyo económico, sino también un entorno peligroso y un vacío de liderazgo que favorece los intereses privados. La pregunta que queda es si 2026 traerá cambios significativos o si, una vez más, los ciudadanos tendrán que soportar la misma combinación de precariedad, inseguridad y negligencia que ha marcado este año.
