En las áridas tierras del Altiplano potosino, donde la vida transcurre entre la escasez, la palabra “bienestar” debería significar alivio, acompañamiento y dignidad; sin embargo, para muchas personas, especialmente adultos mayores, indígenas y habitantes de comunidades rurales, esa palabra se ha convertido en sinónimo de engaño, abandono e injusticia. La historia de Ricarda Jiménez Gómez, una mujer de 61 años originaria del municipio de Santo Domingo, es una muestra cruda de lo que ocurre cuando la estructura que debía protegerla se vuelve cómplice del abuso.
En abril de 2024, doña Ricarda decidió confiar sus ahorros al Banco del Bienestar, institución que el Gobierno Federal ha promovido como la vía directa y segura para los apoyos sociales. Primero, depositó 10 mil pesos para abrir su cuenta; días después, sumó 50 mil más. Ocho meses más tarde, el dinero había desaparecido. Su cuenta mostraba un saldo de 40,130 pesos, que también fueron retirados sin su autorización. Al buscar una explicación, la encargada de la sucursal, ubicada en Estación Catorce, una mujer de nombre América Lizeth, le confesó que una extrabajadora había sustraído el dinero y que ya no trabajaba ahí. Le prometió que el asunto se resolvería pronto, que le regresarían su dinero, pero han pasado más de seis meses desde esa promesa y doña Ricarda sigue esperando. Ha acudido en múltiples ocasiones a la sucursal, acompañada incluso por un abogado y el respaldo de autoridades municipales, sólo para recibir evasivas, burlas y un maltrato constante. No hay papeles que respalden lo dicho por la encargada, no hay respuestas oficiales, no hay intención alguna de reparar el daño.
Este no es un caso aislado. En distintos municipios del Altiplano potosino, hay testimonios de adultos mayores que han sido víctimas de situaciones similares. En comunidades de Charcas, Cedral y Villa de Guadalupe se ha documentado cómo algunos hijos y familiares de personas beneficiarias de los programas del Bienestar han retenido las tarjetas y los recursos, impidiendo que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan. Las autoridades han reconocido estos casos y prometido investigaciones, pero hasta ahora no se conocen sanciones ni soluciones eficaces, por lo que, al final, muchos adultos mayores, por miedo o por vergüenza, prefieren callar.
A esta realidad se suman los fraudes cometidos por falsos gestores que, haciéndose pasar por funcionarios del Bienestar, han logrado engañar a personas de la tercera edad para obtener documentos, NIPs y datos personales. Las víctimas, en su mayoría gente sin estudios o con poca instrucción, han sido defraudadas con tarjetas falsas y promesas de beneficios inexistentes. En Matehuala, Moctezuma y Salinas de Hidalgo se han reportado múltiples casos, y las autoridades locales han emitido alertas que, lamentablemente, llegan tarde para quienes ya han perdido lo poco que tenían.
La corrupción no sólo se manifiesta en el robo de dinero. En abril de este año, más de quinientos representantes y autoridades indígenas de once municipios potosinos denunciaron públicamente el uso político y discriminatorio de los programas del Bienestar. Advirtieron que los recursos destinados a infraestructura social y apoyo directo se distribuyen sin consultar a las comunidades, ignorando sus usos y costumbres, y que los llamados “Servidores de la Nación” condicionan los apoyos a favores políticos o afinidad con ciertos grupos. Señalaron también que, al reclamar su derecho a la información y a la participación, recibieron represalias y amenazas.
Todos estos casos, el de doña Ricarda, el de las becas retenidas, el de los fraudes bancarios y el del uso político de los programas sociales, entre otros, revelan un patrón común: el abandono institucional. Hay negligencia, complicidad y una evidente falta de mecanismos de control y justicia. Las víctimas son casi siempre las mismas: personas mayores, pobres, sin acceso a redes de apoyo o asesoría legal. Personas que confiaron en la palabra “Bienestar” y hoy ven cómo esa palabra se vacía de significado. Mientras el Banco del Bienestar opera sin transparencia, sin protocolos claros para resolver fraudes internos y sin ofrecer siquiera constancias de seguimiento, la Secretaría del Bienestar continúa ejecutando programas sin rendición de cuentas visible, sin escuchar a quienes debería proteger y sin reconocer la gravedad de estos atropellos.
La historia de doña Ricarda Jiménez es dolorosa, pero también es un grito. Ella no está pidiendo caridad ni favores; exige justicia, exige que le devuelvan lo que es suyo. Como ella, hay muchas otras voces en el Altiplano que hoy no se escuchan, que son silenciadas por la burocracia, el miedo o el desgaste.
