Son tantos los problemas que se registran en la carretera federal 57, particularmente en el tramo San Luis Potosí–Matehuala, que transportistas, particulares y vecinos han comenzado a describirla como una “carretera maldita”. Lo que antes era una vía indispensable para el comercio nacional hoy se percibe como un trayecto dominado por el caos, accidentes de consideración, obras interminables, retenes irregulares y una alarmante presencia criminal han convertido este tramo en uno de los más temidos del país. Para miles de conductores, transitarlo ya no se trata de llegar a tiempo, sino de llegar con vida.
Durante los últimos meses, las quejas se han multiplicado al punto de convertirse en conversación cotidiana entre traileros, turistas y pobladores de municipios colindantes. Los testimonios advierten una escalada delictiva sin contención, robos con violencia, asaltos armados, privación ilegal de la libertad e incluso ejecuciones vinculadas al crimen organizado. La falta de respuesta por parte de autoridades federales ha sido una de las principales inconformidades; para muchos, la ausencia de vigilancia efectiva ha permitido que grupos criminales operen con total impunidad.
Hasta hace pocos años, el retén ubicado en el entronque a Villa de Arista funcionaba como un punto de revisión rutinario. Sus retrasos eran mínimos y su operación resultaba familiar para los viajeros. Sin embargo, todo cambió recientemente. Hoy, dicho punto es capaz de generar filas kilométricas que paralizan vehículos durante cinco horas o más. Cuando el tránsito comercial se acumula, la fila se extiende hasta puntos cercanos al libramiento a México, sobre el kilómetro 26. Esta situación no solo afecta a traileros, sino a personas que dependen de este tramo para trabajar, trasladarse a citas médicas o simplemente circular entre comunidades.
Pero si la movilidad ya es un desafío, la seguridad lo es aún más. Zonas como El Huizache se han consolidado como puntos estratégicos para grupos criminales. En este tramo se registran robos con violencia, extorsiones y amenazas armadas. Diversos testimonios aseguran que las autoridades federales han implementado operativos que, en lugar de brindar confianza, generan incertidumbre por supuestos abusos de autoridad, detenciones sin motivo aparente, interrogatorios sin fundamento y amenazas verbales documentadas.
En redes sociales circulan videos, fotografías y mensajes de advertencia. Conductores comparten rutas alternativas, horarios considerados “menos peligrosos” y recomendaciones de autoprotección. Para muchos, manejar de noche se ha vuelto impensable. Otros relatan que han instalado cámaras de seguridad en sus cabinas, sistemas de comunicación en tiempo real y dispositivos antisecuestro improvisados. Incluso existen grupos de traileros que forman convoyes para cruzar los tramos más complicados, protegiéndose unos a otros ante la ausencia gubernamental.
La delincuencia emplea tácticas cada vez más sofisticadas y violentas. Entre ellas destacan bloqueos con vehículos robados para obligar a los conductores a detenerse, ataques con piedras u objetos lanzados desde puentes, aprovechamiento del tráfico detenido por obras o retenes para cometer asaltos, y uso de armas de fuego para intimidar y facilitar el robo de mercancías. Transportistas denuncian que, aunque a veces logran la detención de criminales, estos suelen ser liberados rápidamente, regresando a delinquir tan solo días después.
La carretera 57 es, además, una arteria vital para la cadena de suministros nacional. Por ella circulan combustibles, alimentos, insumos industriales y mercancía básica para empresas de todo el país. La AMOTAC y otras asociaciones de transportistas han exigido en repetidas ocasiones una intervención contundente: aumento de vigilancia militar, supervisión nocturna, eliminación de retenes dudosos, mantenimiento constante y la conclusión acelerada de obras inconclusas. Aseguran que, si la situación sigue agravándose, podrían existir afectaciones directas en abastecimiento y reparto de mercancías.
Comerciantes locales también han resentido el impacto. Algunos negocios ubicados en comunidades cercanas afirman haber perdido clientela debido al miedo a transitar la zona. Restauranteros, mecánicos y prestadores de servicios aseguran que sus ingresos han disminuido, mientras habitantes locales temen circular fuera de horarios específicos. El turismo carretero, una tradición mexicana, prácticamente ha desaparecido en este tramo, afectando a pequeños establecimientos y economías familiares.
La percepción ciudadana es unánime, el miedo domina la 57. Conductores describen la experiencia como manejar entre incertidumbre, cansancio y tensión constante. Cada parada, retén o embotellamiento representa un potencial punto de ataque. Cada minuto detenido incrementa el riesgo. Por ello, muchos transportistas han alterado sus horarios, circulando solo de día o coordinando caravanas para mayor seguridad.
La carretera federal 57 es una de las más importantes del país, pero su actual estado muestra una realidad preocupante: sin atención inmediata, podría convertirse, si no es que ya lo es, en una zona de peligro permanente. Mientras autoridades federales prometen estrategias y diagnósticos, miles de conductores continúan arriesgando la vida en un tramo que debería ser sinónimo de movilidad, desarrollo y conexión. Hoy, en cambio, representa una ruta de miedo, desgaste e incertidumbre.
Si no se actúa de forma coordinada, contundente y sostenida, la “carretera maldita” podría convertirse en un ejemplo nacional de cómo la ausencia de autoridad y mantenimiento puede transformar una vía estratégica en un corredor del crimen. En tanto, la pregunta permanece en el aire: ¿quién protege realmente a quienes deben transitarla todos los días?
