En el Altiplano potosino, la política no deja de dar señales, algunas claras, otras contradictorias. Franco Coronado, actual delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) en el Altiplano, parece haber encontrado un momento de respiro político. En una región históricamente crítica y difícil de complacer, su trabajo ha comenzado a generar comentarios positivos, incluso al interior de las comunidades. Franco ha recibido un voto de confianza, lo que no es poca cosa. Por ahora, el exalcalde de Matehuala navega con viento a favor, pero el margen es delgado: el Altiplano es leal, sí, pero también implacable con los que fallan.
Y hablando de señales, aparece Raúl Ortega, el alcalde de Matehuala, panista por décadas (o al menos eso dice), quien en la más reciente visita del gobernador Ricardo Gallardo Cardona al Altiplano, no solo se dejó ver sonriente, sino que, sin pudor alguno, posó haciendo la «V» del Partido Verde. El gesto, más que una simple mano levantada, es un símbolo que no pasó desapercibido. ¿Es un intento por caerle bien al partido dominante en San Luis? ¿Una forma de asegurarse un futuro político bajo otra bandera? La realidad es que Ortega, más que gobernar, parece estar en plena campaña política. Porque si bien la señal del Verde fue clara, su gestión en seguridad, servicios públicos y transparencia es cada vez más cuestionada. Anda de queda bien, pero la gente ya lo está viendo con ojos de desconfianza.
Y no es para menos. En Matehuala, los ciudadanos viven con miedo. No solo por lo que pueda hacer el crimen organizado, sino por lo que están haciendo las propias corporaciones policiales. La población ha optado por imponer, de forma no oficial, un toque de queda. Después de ciertas horas, simplemente no es seguro salir. ¿La razón? Abusos, intimidaciones y detenciones arbitrarias por parte de la policía municipal. Incluso la Guardia Civil Estatal ha tenido que intervenir ante los constantes reportes de violencia institucional. El municipio está bajo una sombra de terror nocturno que se extiende, y la cabeza responsable, es decir Raúl Ortega, parece más ocupado en ensayar posturas políticas que en resolver la crisis real que enfrentan sus gobernados.
Y si hablamos de apariencias, hay que mencionar a Javier Sandoval «El viejito verde», el alcalde de Catorce últimamente ha estado más activo en redes sociales que en el territorio que dice representar. Cuando los incendios en la sierra comenzaron, su respuesta fue lenta, casi inexistente. Pero en Facebook e Instagram, su presencia fue inmediata: fotos, mensajes de solidaridad, promesas. Todo muy bonito, pero los cerros seguían ardiendo mientras él “atendía” desde el celular. Se tardó en llegar al desastre, y cuando lo hizo, fue demasiado tarde. Decenas de hectáreas se perdieron por su falta de reacción. Las llamas no se apagan con likes.
Pero el abandono no solo se nota en las emergencias. Otro tema que molesta, y con justa razón, es el del transporte público. Los taxistas de Matehuala siguen cobrando tarifas al antojo. No hay taxímetros, no hay regulación efectiva, y la ciudadanía ya está cansada de pagar distancias cortas como si fueran viajes largos. Urge que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) tomen cartas en el asunto y dejen de solapar a un gremio que ha operado con total impunidad por años. ¿Quién regula? Nadie.
Por fortuna, no todo son notas negativas. El empresario potosino Manuel Azcona dio una lección de compromiso social al donar una cruz para el tradicional Viacrucis de Cedral. En un acto simbólico pero importante, mostró más interés que quienes deberían estar al frente: la iglesia local. La parroquia de Cedral, lejos de colaborar, se negó a renovar la escenografía de la representación religiosa más importante del año. Pretendían que los actores usaran decorados viejos, rotos y olvidados por el tiempo. Azcona, sin pensarlo, resolvió. Palomita para él, tacha para la iglesia.