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Columna I Delegaciones del Altiplano, una limpieza necesaria

Por Francisco Acosta-Martínez

La reciente decisión del gobernador Ricardo Gallardo de ordenar una limpia en la Dirección de Gobernación es un gesto que, sin duda, debía darse desde hace tiempo. Reconocer que existían viejos vicios, posibles actos de corrupción y prácticas irregulares dentro de la dependencia central es importante, y la promesa de sustituir a quienes no cumplen con su función puede abrir un espacio de esperanza para la ciudadanía, sin embargo, esta acción, por más necesaria que sea, se queda corta si no se extiende a otras áreas del gobierno estatal, sobre todo en el Altiplano Potosino.

En esta región, que enfrenta múltiples retos sociales y económicos, pocas acciones tangibles del gobierno han dejado huella. Las delegaciones de SEDESORE, Finanzas y SCT, por mencionar algunas, están prácticamente nadando de muertito, sin estrategias claras, sin resultados concretos y, en muchos casos, bajo señalamientos de irregularidades o incluso de lucrar con los programas sociales. La población observa con frustración cómo los recursos públicos se administran de manera opaca, mientras las necesidades de los municipios, de los campesinos y de los sectores vulnerables permanecen sin atender.

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No se trata sólo de colocar nuevos nombres. Se requiere una revisión integral, transparente y sin cortapisas de cada delegación, evaluando desempeño, resultados y la manera en que se gestionan los recursos. Si en Gobernación se detectaron malas prácticas, ¿por qué las delegaciones que se ubican en las diferentes regiones del estado no serían también objeto de auditoría y saneamiento? Especialmente en el Altiplano, donde no se conoce una sola acción puntual, estrategia o dinámica que fortalezca el trabajo del Gobierno del Estado. La gente necesita ver acciones concretas, resultados medibles y programas que realmente beneficien a las comunidades, en lugar de discursos o proyectos que quedan en papel.

Una limpieza integral en todas las delegaciones no sólo sería un acto de justicia administrativa, sino un mensaje claro de que el gobierno no tolerará irregularidades ni la burocracia ineficiente. Es momento de que los cambios no se limiten a un área, sino que abarque todo el entramado institucional, para que la ciudadanía recupere confianza y, sobre todo, reciba los beneficios reales de los programas sociales y de la gestión pública. Si Gallardo quiere que su administración sea recordada por resultados, no bastará con limpiar Gobernación; deberá revisar con lupa cada delegación del Altiplano, erradicar los vicios y establecer mecanismos que aseguren eficiencia, transparencia y atención real a las necesidades de la población. La región lo necesita, y la ciudadanía merece verlo.