El desabasto ya se superó; Así lo aseguró el delegado de los Programas del Bienestar en San Luis Potosí, Guillermo Morales, al afirmar que el abasto de medicamentos alcanza ya el 95 por ciento y que, tras los recorridos realizados junto con las llamadas Rutas de la Salud, prácticamente todas las unidades médicas del estado reportan suministros suficientes. El mensaje, repetido en medios locales y en la comunicación institucional, pretende dejar atrás meses de quejas ciudadanas y tensiones dentro del sistema de salud, pero en el Altiplano Potosino esa afirmación tropieza con una realidad menos optimista y, para muchas comunidades, dolorosamente cotidiana.
Aunque la anunciada normalización del abasto puede apreciarse en zonas urbanas o en centros médicos con mayor infraestructura, en municipios del Altiplano como Matehuala, Charcas, Venado, Villa de Guadalupe, Santo Domingo o Moctezuma el escenario sigue marcado por carencias. Hospitales y centros de salud operan con inventarios incompletos; faltan medicamentos básicos como analgésicos, antibióticos o antihipertensivos y, en casos más sensibles, los pacientes deben prolongar tratamientos o comprarlos por su cuenta en farmacias privadas donde los precios, según reportes locales, se han encarecido hasta tres veces. Esa distancia entre el discurso institucional y la experiencia local no es un matiz, es la diferencia entre una promesa y la sobrevivencia.
Organizaciones civiles han denunciado que, en comunidades rurales del Altiplano Sur, por ejemplo, mujeres embarazadas deben recorrer decenas de kilómetros para conseguir atención o incluso para obtener suero, gasas y medicamentos que en teoría deberían recibir sin costo. Familias con enfermos crónicos o con diagnósticos graves han tenido que organizar colectas, rifas o ventas comunitarias para pagar tratamientos que dependen, literalmente, de cada reposición. Las organizaciones sociales que trabajan en la región lo describen sin rodeos: donde las Rutas de la Salud pasan una vez, pero no regresan con continuidad, el desabasto no desaparece, sino que se disfraza temporalmente.
Consulta nuestra edición impresa: https://cutt.ly/8tiMf7Nr
Esa irregularidad es el núcleo del problema. Un porcentaje estatal no refleja la distribución real del abasto, un cargamento puntual no garantiza tratamientos continuos, una visita de supervisión no sustituye inventarios verificables municipio por municipio. En el Altiplano, la logística es más compleja, pues hay poblaciones dispersas, trayectos largos, falta de refrigeración o de espacios adecuados para almacenamiento, personal insuficiente y un sistema que, por más que se anuncie renovado, aún no cuenta con mecanismos de vigilancia ni auditoría visibles para la ciudadanía.
A esa incertidumbre se suma el silencio documental. Las autoridades difunden cifras globales, pero no existe un padrón público que permita conocer qué medicamentos hay, cuáles faltan, cuándo llegan y en qué cantidades. La opacidad obliga a confiar en declaraciones oficiales mientras la realidad de miles se sostiene con testimonios; el paciente que pospone su tratamiento de hipertensión porque el medicamento no llegó, la madre que viaja a Matehuala o hasta la capital a buscar lo que su clínica rural no tuvo, el adulto mayor que recibe la mitad de su receta mientras llega lo demás. Son historias frecuentes que desmontan la narrativa de que el problema está resuelto.
La consecuencia de esta brecha no sólo es sanitaria, sino económica y social. En el Altiplano, donde muchas familias viven con ingresos limitados, comprar medicinas es una carga que desplaza otros gastos esenciales. El sistema público, al no cubrir tratamientos completos, mueve la responsabilidad hacia los bolsillos de quienes menos pueden asumirla. La desigualdad territorial se profundiza y la confianza en las instituciones se erosiona con cada receta incompleta.
Mientras las autoridades sostienen que el desabasto quedó atrás, la vida en el Altiplano Potosino demuestra que el problema no se supera con una declaración, sino con una red de abasto sólida, transparente y constante. Hasta que no exista información pública desagregada, rutas de distribución regulares y verificables, y mecanismos ciudadanos que permitan auditar la entrega real de medicamentos, la supuesta normalidad sigue siendo, para muchos, un anuncio lejano.
