Estados Unidos ha intensificado su política proteccionista con la imposición de aranceles recíprocos a sus socios comerciales, incluyendo México, lo que amenaza la estabilidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El presidente Donald Trump ha justificado estas acciones como parte de su estrategia para reducir el déficit comercial y fomentar la reindustrialización del país. Como parte de estas medidas, desde el 4 de marzo, productos mexicanos no amparados por el T-MEC enfrentan un arancel del 25 por ciento al ingresar a territorio estadounidense. Además, desde el 12 de marzo, las exportaciones de acero y aluminio provenientes de México también están sujetas a un impuesto del 25 por ciento.
En San Luis Potosí, donde la inversión extranjera está fuertemente concentrada en la industria automotriz, se prevén impactos significativos para estas empresas, lo que podría traducirse en afectaciones económicas para miles de familias que dependen de empleos en la Zona Industrial.
Trump ha calificado el T-MEC como un «desastre» y ha manifestado su intención de solicitar al Congreso su eliminación, argumentando que el déficit comercial con México asciende a 300 mil millones de dólares anuales, lo que, según él, equivale a un subsidio a la economía mexicana. Para respaldar estas acciones, el mandatario ha declarado una emergencia económica nacional y ha invocado la Ley de Poderes de Emergencia Internacional de 1977.
Estas medidas han generado preocupación entre empresarios y economistas, quienes advierten que podrían provocar una desaceleración en sectores clave de la economía mexicana, especialmente en estados con fuerte presencia de inversión extranjera, como San Luis Potosí.
