En medio de una creciente indignación por los casos de violencia al interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), estudiantes de la Facultad de Derecho se organizaron y realizaron paros de vialidad en distintos puntos de la ciudad. La movilización surgió luego de que se hiciera público un caso de agresión sexual en contra de una estudiante de dicha facultad, perpetrado, según las denuncias, por tres alumnos y una persona externa a la institución.
Con la convicción de que el silencio institucional no puede seguir siendo la respuesta, los manifestantes hicieron público un pliego de exigencias dirigido a las autoridades universitarias, reclamando acciones concretas para garantizar un entorno académico seguro, justo y libre de violencia.
Número uno: la destitución inmediata de los representantes de la Federación Universitaria Potosina en la Facultad de Derecho. Por su opción, omisión y encubrimiento ante el caso de abuso denunciado, así como por su utilización política del cargo en perjuicio de las y los estudiantes.
Número dos: Asunción de responsabilidad institucional por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en especial de la dirección de la facultad y de la defensoría de derechos universitarios por su falta de actuación efectiva, su revictimización y la ausencia de protocolos con perspectiva de género.
Número tres: implementación urgente de un protocolo integral de atención de acompañamiento y sanción ante casos de violencia, hostigamiento y acoso dentro de la universidad con participación activa de colectivas feministas, personal capacitado y especialistas externos independientes.
Número cuatro: transparencia en los procesos disciplinarios y rendición de cuentas públicas sobre de las acciones adoptadas frente al caso denunciado, incluyendo la sanción a quienes resulten responsables por acción u omisión.
Número cinco: garantías de seguridad y no represalias para la compañera afectada, sus acompañantes y personas que participen en la denuncia o en las movilizaciones.
Número seis, formación obligatoria en derechos humanos y perspectiva de género para todo el personal docente, administrativo y estudiantil de la Facultad de Derecho. como media como medida preventiva y transformación institucional.
Número siete: espacios seguros y mecanismos de representación legítimos donde las y los estudiantes puedan deliberar y organizarse sin coacción ni mediación de estructuras verticales como la FUP.
Los estudiantes advierten que no se conformarán con discursos ni simulaciones. Exigen hechos, compromisos verificables y cambios estructurales que transformen de raíz la forma en que la universidad actúa frente a la violencia. Reafirman que su lucha no es individual, sino colectiva, y que permanecerán organizados hasta que la justicia y la seguridad sean una realidad para todas y todos dentro de la institución. La consigna es clara, ninguna estudiante más deberá enfrentar el miedo dentro de las aulas.
