Cuando el primer caso de COVID-19 se confirmó en San Luis Potosí el 13 de marzo de 2020, el Altiplano potosino fue, durante semanas, una región aparentemente intocada. El virus se concentraba en la capital y en algunos municipios de la Huasteca, mientras localidades como Matehuala, Cedral, Charcas o Salinas parecían mirar el problema a la distancia.
Esa falsa calma se rompió pronto, pues a finales de mayo de ese año, los primeros contagios comenzaron a aparecer en el norte del estado y, con ellos, llegaron las medidas restrictivas que hasta entonces se habían visto sólo en los medios de comunicación. Cierres de plazas públicas, suspensión de ferias y eventos religiosos, filtros sanitarios en carreteras y el uso generalizado de cubrebocas se convirtieron en parte de la vida diaria.
En 2021, con la llegada de las vacunas, la esperanza de un regreso a la normalidad alcanzó también al Altiplano. Sin embargo, desde el inicio hubo señales de desigualdad. Mientras en la capital y en ciudades como Rioverde las jornadas eran masivas y constantes, en comunidades rurales del norte la vacunación llegaba con semanas o meses de retraso. En algunos casos, brigadas itinerantes acudían una sola vez y después no regresaban para completar esquemas. Aun así, la percepción de riesgo y la memoria de los meses más duros mantenían cierta disciplina en las medidas preventivas.
Ese escenario se fue desdibujando con el paso del tiempo. Para 2023, el número de casos graves disminuyó drásticamente y las restricciones formales desaparecieron. En el Altiplano, como en el resto del estado, el cubrebocas dejó de verse en las calles, los eventos masivos volvieron sin limitaciones y la vacunación pasó de ser un tema de conversación pública a un asunto olvidado. La pandemia, para muchos, había terminado.
Los datos recientes, sin embargo, muestran que la historia no está cerrada. Del 25 al 31 de julio de 2025, el estado registró apenas dos contagios; una semana después, del 1 al 7 de agosto, la cifra subió a siete. El aumento parece mínimo, pero adquiere otra dimensión al revisar los detalles: dos de los casos se confirmaron en Matehuala y Cedral, epicentros regionales del Altiplano, y de las siete personas enfermas, sólo una tenía esquema de vacunación completo; los otros seis no contaban con ninguna dosis contra COVID-19.
La baja vacunación no es un problema nuevo, pero sí creciente. Desde 2024, San Luis Potosí ha mostrado un descenso constante en las coberturas, no sólo de COVID-19, sino de todo el esquema nacional. En el caso del Altiplano, las distancias entre comunidades, la escasez de transporte y la poca frecuencia de brigadas han dejado huecos importantes en la inmunización. Lo que en la capital se resuelve con una visita al centro de salud más cercano, en localidades rurales implica traslados de horas y, a veces, gastos que las familias no pueden cubrir.
El abandono de medidas preventivas completa un cóctel de riesgo. En 2020 y 2021, la imagen de comerciantes, transportistas y empleados usando cubrebocas era común incluso en poblados pequeños. Hoy, es una rareza. Los filtros sanitarios en eventos o edificios públicos han desaparecido y, salvo en clínicas, ya no hay control sobre el uso de gel antibacterial o la ventilación de espacios. Este relajamiento generalizado se alimenta de la percepción de que “el COVID ya no existe” o de que sus variantes actuales son “más leves”, ideas que no siempre se sostienen con evidencia.
Especialistas en salud pública advierten que el virus se comporta de forma cíclica y que los brotes pueden resurgir en cualquier momento, especialmente en comunidades con baja cobertura vacunal y escasa vigilancia epidemiológica. En el Altiplano, la combinación de población dispersa, limitados servicios de salud y la movilidad intermunicipal por trabajo, comercio o visitas familiares crea un escenario propicio para que un brote se propague antes de ser detectado.
El repunte de la primera semana de agosto debe leerse como una advertencia. Si bien no estamos frente a una crisis como la de 2020 o 2021, los ingredientes para un problema mayor están ahí: personas sin vacunar, medidas de prevención prácticamente inexistentes y un sistema de salud que, en la región, opera con recursos limitados. Municipios como Matehuala, Cedral, Salinas, Charcas, Santo Domingo o Villa de la Paz no pueden permitirse un brote que, aunque localizado, podría saturar sus centros de salud y obligar a traslados hacia hospitales en la capital, con todo el costo logístico y humano que eso implica.
El reto para las autoridades estatales y municipales es doble: recuperar la confianza de la población en la vacunación y reactivar, al menos de forma focalizada, campañas de prevención que vuelvan a poner el tema en la agenda comunitaria. El COVID-19 no ha desaparecido y el Altiplano potosino, por sus condiciones geográficas y sociales, sigue siendo un terreno donde la complacencia puede tener un precio alto. La historia de la pandemia en la región ya ha mostrado que esperar a que el problema se vea en las cifras oficiales es, casi siempre, demasiado tarde.
