Se abre el telón
Acto I: Carreteras tomadas, autoridades ausentes
Las carreteras que conducen a Cedral ya no son solo vías de comunicación; se han transformado en escenarios recurrentes de inseguridad. No es exageración ni alarma gratuita. La presencia constante de “ponchallantas” confirma que estas rutas se han convertido en pasos estratégicos para el crimen organizado.
Automovilistas lo saben bien, neumáticos destrozados, trayectos interrumpidos y el miedo latente de quedar varados en medio de la nada. Estos artefactos metálicos no aparecen por descuido. Son colocados de manera deliberada, casi siempre después de hechos violentos, cuando los grupos criminales buscan huir sin ser perseguidos.
La intención no es dañar directamente a la ciudadanía, aunque al final sea quien pague las consecuencias. El verdadero objetivo es inmovilizar a las fuerzas de seguridad, provocar pinchaduras a las patrullas y ganar minutos clave para escapar. Es una estrategia planeada, ejecutada por grupos que conocen la geografía, los tiempos de respuesta y, sobre todo, las debilidades de la policia en la región.
Así, las carreteras del Altiplano, y particularmente las de Cedral y Matehuala, se consolidan como corredores de retirada. Caminos donde el control no lo ejerce la autoridad, sino quien coloca primero los clavos sobre el asfalto.
Acto II: Omisiones que cuestan caro
La preocupación crece entre los habitantes de Cedral, Matehuala y comunidades cercanas. No solo por el riesgo a la integridad física, sino por los daños materiales constantes y el temor de circular por rutas que ya nadie garantiza. La exigencia es clara, mayor presencia y vigilancia. La respuesta, en cambio, ha sido tibia o nula.
Y el problema no se limita a estos dos municipios. En todo el Altiplano, la inseguridad es un tema al que muchos alcaldes han decidido no invertirle. No es prioridad. No da votos inmediatos. No luce en fotografías. Mientras tanto, los pocos elementos policiales existentes suelen destinarse a la protección personal de los alcaldes, como ocurre en Cedral, donde gran parte del reducido estado de fuerza cuida a la alcaldesa Cinthia Segovia.
Las pruebas no son discursos, son hechos. El propio gobernador Ricardo Gallardo Cardona reveló que a un municipio del Altiplano le retiraron dos patrullas por no cumplir con su aportación económica dentro de un programa estatal de seguridad. El esquema era simple, el municipio pagaba dos unidades y el Estado aportaba otras dos. El ayuntamiento no pagó. Resultado: patrullas menos y más vulnerabilidad para la población.
A muchos alcaldes parece no importarles la inseguridad; se confían en que el gobernador resolverá lo que ellos no quieren enfrentar. En Matehuala, por ejemplo, los ponchallantas aparecen en el bulevar turístico, en la carretera 57 y en El Huizache. Vehículos dañados y silencio oficial. Jorge Peña, titular de la Policía Municipal, ya no acude a estos puntos ni realiza sus habituales transmisiones en vivo para desmentir a los ciudadanos. El silencio es evidente.
Acto III: Prioridades torcidas
Mientras las carreteras se llenan de clavos, los alcaldes prefieren invertir en otras cosas. No parece casualidad que la presidencia municipal se haya convertido, para muchos, en un trampolín económico.
Ahí está Guadalcázar, el exalcalde Panchito Pérez y el actual edil Gumaro Puente, quienes en campaña se decían del pueblo y para el pueblo, hoy organizan fiestas monumentales con seis grupos musicales de alto nivel.
O Charcas, donde la presidenta municipal Marisol Nájera presume bufandas Fendi de hasta 15 mil pesos, con una modestia que solo existe en el discurso.
La inseguridad no da reflectores, no corta listones y no se celebra con música en vivo. Tal vez por eso se ignora. Pero mientras los alcaldes administran su imagen y su futuro político, las carreteras del Altiplano siguen siendo tierra fértil para el miedo y la impunidad.
Se baja el telón, pero la función continúa la próxima semana.
