Mientras en gran parte de San Luis Potosí el precio de la gasolina se mantiene en niveles relativamente estables, en el Altiplano la historia es distinta. Este domingo 7 de septiembre, la gasolina Regular alcanzaba los $23.99 pesos por litro, y la Premium oscilaba entre $25.55 y $26.09 pesos, un golpe silencioso pero constante al bolsillo de miles de familias y transportistas que dependen del combustible para trabajar, moverse y sobrevivir.
La paradoja es evidente, en una de las regiones donde más se denuncian ordeñas clandestinas y actividades de huachicol, el precio de la gasolina no baja; al contrario, se mantiene entre los más altos del estado. Una contradicción que genera malestar ciudadano y despierta suspicacias sobre la efectividad de las autoridades en el combate a este fenómeno.
En comunidades del Altiplano, donde las distancias son largas y los servicios dispersos, el automóvil no es un lujo, es una necesidad. Los trabajadores deben recorrer decenas de kilómetros para llegar a sus centros laborales, los comerciantes trasladan mercancías por carreteras deterioradas y los estudiantes dependen de transporte particular o colectivo para acudir a escuelas y universidades. Cada peso adicional en el costo del litro repercute de inmediato en los gastos familiares.
Llenar un tanque de 40 litros de gasolina Premium puede costar más de mil pesos, una cifra que para muchos representa casi la mitad de un salario quincenal. “Es imposible ahorrar, lo poco que entra se va en gasolina”, comenta un transportista de Matehuala. La situación no sólo golpea a los automovilistas, también encarece el transporte público, el flete de mercancías y, en consecuencia, los precios de productos básicos.
El contraste con otras regiones del estado resulta insultante. En la capital potosina o en la Huasteca, los precios suelen ser más bajos por hasta dos pesos por litro. La diferencia, aunque parezca mínima, es abismal en la economía diaria. Los habitantes del Altiplano se sienten castigados por una realidad que no depende de ellos, pero que los obliga a desembolsar más que el resto de los potosinos. “Es como si aquí viviéramos en otra economía, siempre nos toca pagar más caro”, expresan vecinos de Cedral.
El tema se vuelve aún más complejo al recordar que el Altiplano potosino ha sido identificado como zona de fuerte presencia de huachicoleros. Los decomisos de combustible robado y las denuncias de tomas clandestinas son constantes, pero, paradójicamente, el precio legal en las gasolineras sigue disparado. La ciudadanía cuestiona: ¿por qué, si existe una red paralela de abasto ilegal, la competencia no se traduce en precios más bajos? La lógica indicaría que la abundancia, aunque ilícita, debería generar un efecto en el mercado, pero ocurre lo contrario: el huachicol convive con un combustible cada vez más caro y sin explicación convincente.
Las autoridades federales y estatales han anunciado operativos y aseguramientos, pero, en la práctica, el ciudadano común sigue enfrentando un panorama desalentador: gasolina cara, ingresos bajos y ninguna perspectiva de cambio a corto plazo. El Altiplano potosino carga con rezagos históricos: falta de inversión, empleo precario y migración forzada. El alto precio del combustible se suma a esta lista de agravios, profundizando las desigualdades con otras regiones del estado.
Mientras tanto, los habitantes siguen esperando una respuesta que nunca llega: tarifas más justas, vigilancia efectiva contra el huachicol y un compromiso real para que vivir en el Altiplano no signifique pagar más por todo. Porque, al final, cada litro de gasolina caro no es sólo un número en la bomba: es un recordatorio de que el Altiplano sigue siendo tierra olvidada.
