La carretera federal 57, una de la más importante del país y un eje estratégico que conecta el centro de México con la frontera norte, se ha convertido en una ruta de miedo. Lejos de ser un corredor seguro, el tramo que atraviesa San Luis Potosí, y particularmente el Altiplano, es hoy territorio fértil para la delincuencia, la extorsión y la impunidad, bajo la custodia directa de la División Caminos de la Guardia Nacional.
Para miles de usuarios, la 57 no es solo asfalto, es una colección de historias de asaltos, levantones, retenes falsos y amenazas armadas. Durante años, estas denuncias fueron ignoradas. El problema solo alcanzó visibilidad nacional tras el asalto al equipo de producción de la presidenta Claudia Sheinbaum, ocurrido en fin de semana pasado.
Retenes falsos y autoridades reales: la línea borrada
En distintos tramos del Altiplano potosino, automovilistas narran una escena que se repite con inquietante normalidad, retenes improvisados que aparecen “de la nada”, con hombres armados que dicen pertenecer a la Guardia Nacional, a la Fiscalía General de la República (FGR) o a corporaciones estatales. En otros casos, los retenes delincuenciales conviven. Literalmente, a pocos kilómetros de puntos oficiales de vigilancia.
El llamado “corredor de los asaltos”, ubicado entre El Huizache y Charco Cercado, en el municipio de Guadalcázar, es uno de los tramos más peligrosos. A este se suman zonas de alto riesgo en Matehuala y en los límites con Coahuila y Nuevo León. Ponchallantas, persecuciones y robos con violencia forman parte de la rutina diaria.
Habitantes y usuarios denuncian que, cuando intentan reportar extorsiones cometidas por supuestos elementos de la Guardia Nacional, la respuesta es el silencio o el encogimiento de hombros, la indefensión es total.
La crisis de seguridad en la carretera 57 no es exclusiva de San Luis Potosí. Lo mismo ocurre en Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro y, de forma histórica, en el Estado de México. Durante años se ha permitido la operación de grupos dedicados a la extorsión, el asalto y, en los casos más graves, el homicidio de quienes no tienen otra opción que transitar por esta vía.
Cada usuario tiene una historia. Algunas no se cuentan por miedo, otras simplemente se pierden en el archivo muerto de denuncias que no avanzan.
El asalto que nadie quiso ver
La madrugada del 25 de enero de 2026 marcó un punto de quiebre. El equipo del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), encargado de la producción de contenidos oficiales del Gobierno de México, fue interceptado por sujetos armados en la carretera 57, tras acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum a un evento en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Los agresores obligaron al personal a detenerse y los despojaron de equipo audiovisual especializado y dinero en efectivo. La Fiscalía General de la República confirmó la apertura de una carpeta de investigación, al tratarse de un delito cometido en una vía federal.
Sin embargo, tras el ataque, tanto la Guardia Nacional como la Fiscalía “se sordearon”. No hubo reacción inmediata. Tuvo que intervenir el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y finalmente fueron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes rastrearon los equipos robados. Estos fueron recuperados hasta la tarde del miércoles 28 de enero, abandonados en un paraje del municipio de Guadalcázar. Hasta ahora, no hay personas detenidas.
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Guadalcázar: territorio conocido
Para quienes viven en la región, el hallazgo no sorprendió. Guadalcázar es señalado desde hace años como un santuario del crimen organizado. Fue trinchera de Los Zetas, posteriormente bastión del “Alemán”, y más tarde escenario de la fragmentación de grupos criminales que siguen operando en la zona.
De manera extraoficial, autoridades federales buscan a dos presuntos responsables identificados como “El Viza” y “El Xholo”. Este último es señalado en la región como policía en activo, presuntamente destacamentado en Villa Hidalgo, y vinculado al liderazgo de grupos dedicados al asalto en el tramo Guadalcázar–Villa Hidalgo.
“El Viza”, por su parte, es identificado por pobladores de Charco Cercado y El Coyote como operador del tramo El Huizache–Charco Cercado, donde actúan cuadrillas armadas incluso cerca de una base de la Guardia Nacional. Versiones locales indican que habría huido a Estados Unidos y que cuenta con múltiples carpetas de investigación abiertas, además de presunta protección política por “favorsitos” que le hizo al actual alcalde Gumaro Verdín Puente.
Tras difundirse sus nombres, familiares y personas cercanas a ambos iniciaron una campaña en redes sociales para exigir que no sean detenidos. En los mensajes se amenaza con acudir a la Ciudad de México y se acusa a pobladores de Charco Cercado de “ingratitud”, asegurando que los señalados los ayudaban en conflictos, incendios y problemas comunitarios.
Las publicaciones incluyen mensajes intimidatorios y advertencias sobre supuestas pruebas para señalar a “los verdaderos responsables”, generando temor entre los habitantes.
La carretera del abandono
El contraste entre el discurso oficial y la realidad en la carretera 57 es brutal. Mientras autoridades federales intentaron minimizar el ataque al equipo presidencial, la FGR y la propia Guardia Nacional terminaron reconociendo los hechos.
Hoy, la 57 sigue siendo la pesadilla de miles de mexicanos. Una carretera estratégica, vigilada en el papel, pero abandonada en los hechos. Una vía donde el uniforme no siempre representa autoridad, y donde la impunidad circula con mayor libertad que los ciudadanos. La carretera más importante del país seguirá siendo también una de las más peligrosas.
