La falta de planeación y acción por parte del Ayuntamiento de Charcas ha quedado en evidencia tras la emisión de la Recomendación 14/2025 por parte de la Comision Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosi, dirigida a la alcaldesa Marisol Najera Alba por la operación de cuatro tiraderos irregulares que contaminan el entorno y afectan a zonas habitadas.
La investigación, integrada en el expediente 4VQU-0017/2025, documentó que uno de los tiraderos funciona a un costado del panteón municipal, donde permanecen expuestos al aire libre desechos orgánicos e incluso restos de animales en descomposición. El sitio carece de control sanitario, no existe manejo adecuado de lixiviados y los olores fétidos alcanzan viviendas cercanas, afectando directamente a las familias.
En otros puntos inspeccionados, la situación no es distinta. La basura fue simplemente cubierta con tierra, sin ningún procedimiento técnico de confinamiento, lo que representa un riesgo de filtración de contaminantes al subsuelo. Habitantes señalaron que el agua en contacto con los residuos podría estar ya afectada. Además, los tiraderos se localizan a distancias mínimas de zonas habitacionales, entre 20 y 50 metros, lo que agrava el impacto ambiental y sanitario.
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La CEDH atribuyó estas condiciones a omisiones de la Dirección de Servicios Municipales y de la Dirección de Ecología, áreas que dependen directamente de la administración municipal. La falta de supervisión, planeación y alternativas adecuadas para la disposición final de residuos refleja una gestión deficiente en un tema prioritario como lo es el medio ambiente y la salud pública.
Ante los señalamientos, la alcaldesa reconoció que el municipio no cuenta con reserva territorial para un relleno sanitario, lo que evidencia la ausencia de previsión en materia de infraestructura básica. Como alternativa, mencionó la posibilidad de impulsar un relleno intermunicipal en Venado, proyecto que hasta ahora no se ha concretado.
La recomendación del organismo autónomo exige acciones correctivas inmediatas para frenar la contaminación y garantizar el derecho de la población a un medio ambiente sano. Mientras tanto, los tiraderos continúan operando, dejando al descubierto una problemática que, lejos de resolverse, se ha agravado bajo la actual administración municipal.
