El secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, reveló un problema que calificó como “insostenible” dentro del programa federal La Escuela es Nuestra, al asegurar que al menos el 50% de las más de 8 mil escuelas de nivel básico en San Luis Potosí presentan denuncias por obras deficientes, compras irregulares, imposición de proveedores y presunto desvío de recursos destinados a infraestructura y materiales.
Torres Cedillo detalló que el desorden tiene su origen en la operación del propio programa, que entrega directamente a los comités de madres y padres de familia el dinero para contratar obra o proveedores, sin un mecanismo efectivo de auditoría. Esa autonomía, dijo, ha permitido que en numerosos planteles “la mitad del dinero se aplique y la otra mitad desaparezca”, generando un esquema difícil de controlar.
El funcionario señaló que las irregularidades están presentes en los 59 municipios del estado, con quejas que abarcan desde obras inservibles y materiales de mala calidad, hasta casos donde los comités son presionados o condicionados para contratar únicamente a ciertos proveedores impuestos desde fuera de las escuelas.
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Explicó que en San Luis Potosí se otorgaron más de 2 mil 300 apoyos mediante el programa, y que alrededor del 50% derivaron en denuncias por fallas, inconsistencias o sospechas de mal manejo del recurso. Agregó que este problema no es exclusivo de la entidad: en el CONAEDU, varios titulares de Educación del país han expresado inconformidades similares ante el propio secretario de Educación Pública.
Aunque reconoció que La Escuela es Nuestra nació con una intención positiva, llevar recursos directamente a las comunidades escolares, Torres Cedillo aseguró que la ausencia de controles y candados ha permitido “prácticas que ya no se pueden seguir tolerando. Está mal planteado. No hay forma de auditar a los comités, y ya encontraron cómo corromperlo”.
Ante la magnitud del problema, informó que existe una propuesta del titular de la SEP, Mario Delgado, para que el programa deje de operar desde la Secretaría del Bienestar y sea transferido a la Secretaría de Educación Pública. El objetivo sería garantizar la aplicación total de los recursos, establecer controles reales y transparentar el uso del dinero público.
