El programa “La escuela es nuestra” fue presentado como una joya de la Cuatroté; entregar el dinero directo a los comités de padres y maestros para que ellos, sin intermediarios, decidieran qué obras necesitaban sus planteles. Sonaba bien, casi revolucionario. Pero en el Altiplano potosino ese sueño se torció y terminó convertido en un mercado negro de contratos, moches y ambiciones políticas. Lo que debía ser un instrumento comunitario hoy es la nueva vaca sagrada de un grupo que ya muchos llaman, sin exagerar, la mafia del Bienestar.
El rostro visible es Armando Torres, alias “El Jícama”, exalcalde de Villa de la Paz y actual director regional de los programas del Bienestar. Un personaje sin mayores credenciales que su amistad con Guillermo Morales, delegado estatal, quien le regaló el cargo como quien reparte dulces en posada. Desde esa silla, el Jícama se ha dedicado a recorrer los 15 municipios del Altiplano prometiendo candidaturas a constructores, ingenieros y políticos en desgracia, a cambio de que le ayuden a controlar el dinero del programa.
La regla es clara, los padres de familia, en consenso con los maestros, deben elegir a quienes realicen las obras. Pero la realidad es otra. La gente del Jícama llega a las escuelas, hostiga a los comités, presiona a directores y amenaza con bloquear recursos si no aceptan a “sus” contratistas. Así, lo comunitario se volvió imposición y el presupuesto público, caja chica de un grupo.
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Dos nombres aparecen siempre en el reparto. En Matehuala, Iván Estrada, exalcalde y viejo conocido de los juzgados, que ahora opera como dueño del territorio educativo. En Cedral, Claudio Pérez, apodado “El Porky”, contratista de dudosa fama que pasó de vender material de construcción a presumir camionetas, apoyos sociales y una campaña digital que huele a dinero ajeno. Ambos se comportan como patrones del programa, deciden quién entra y quién no, y ya sueñan con gobernar municipios gracias a esta estructura.
La historia del Jícama es digna de antología. Expulsado del Partido Verde por inepto, tocó la puerta de Morena con lágrimas en los ojos y fue recibido con los brazos abiertos, como ocurre en ese partido con tanto político reciclado. De la noche a la mañana se convirtió en operador estrella del Bienestar, aunque en los hechos su único talento ha sido tejer una red para sangrar el programa.
Cada inicio de año, cuando llegan los recursos federales, comienza la temporada de caza. A los padres les piden “aportaciones voluntarias” que nadie puede rechazar; a los maestros les sugieren no meterse “en problemas”; a los contratistas les cobran su diezmo para seguir en la lista. El dinero que debía transformar escuelas termina financiando campañas anticipadas, negocios inflados y nuevos ricos de ocasión.
Lo más grave es que el modelo se repite en todo el Altiplano. Hay obras asignadas sin licitación real, materiales de mala calidad, presupuestos inflados y comités que solo firman lo que les ponen enfrente. El programa fue diseñado para sacar a los alcaldes del negocio y terminó en manos de un grupo todavía más voraz.
Pero el silencio se está rompiendo. Padres de familia comienzan a grabar reuniones, a guardar mensajes, a contar cuánto les pidieron por “agilizar” el trámite. Las intimidaciones ya no alcanzan para tapar el cochinero. Y cuando las evidencias salgan completas, el escándalo va a salpicar hasta Palacio Nacional, y ahí, con justa razón, la presidenta Claudia Sheinbaum pronunciará su frase favorita: “inciamos una carpeta de investigación”
El Jícama y sus capos creyeron que nadie los vigilaría, que el Bienestar era tierra sin ley. Se equivocaron. Las escuelas no son botín y los niños no son escalera política. El Altiplano está a punto de despertar y, cuando eso ocurra, más de uno tendrá que explicar cómo convirtió un programa social en empresa criminal.
Lo que nació para dignificar aulas terminó engordando bolsillos. Esa es la verdadera transformación que nos dejaron, la del Bienestar convertido en negocio familiar. Y esa historia, apenas comienza a contarse. Que viva la 4T
