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Tiempo de Hablar I La mafia del poder en el Altiplano

El Altiplano potosino se encuentra al borde del colapso institucional. Lo que antes eran focos rojos aislados ahora es un incendio regional; hay ingobernabilidad, abuso de poder y un creciente sentimiento de que las autoridades municipales ya no gobiernan, sino que operan como títeres protegidos por el mismo sistema que deberían respetar. Cada alcalde hace y deshace a su antojo, en un juego peligroso donde la ley es un mero estorbo.

No solo es lo que hacen, sino lo que dicen cuando se les exige rendición de cuentas. Todos tienen la misma excusa: “no es mi culpa, el responsable es el secretario general de Gobierno, Lupe Torres”. Si esa narrativa se sostiene, entonces el propio Gobierno del Estado está reconociendo, tácitamente, que no hay control, no hay jerarquía y no hay consecuencia. Si Lupe no pone orden será directamente responsable de lo que pueda ocurrir. Porque cuando el abuso se normaliza, lo que sigue no es la protesta, es la tragedia.

En Matehuala, el descontrol ya no se puede disimular. El alcalde Raúl Ortega, lejos de ser una figura de autoridad, es visto como un mero operador sin autonomía. Peca de no tener voluntad propia o actúa bajo la manipulación directa de su esposa, Zoraida Hernández, quien, dicen, cada que exhiben su ineptitud al frente del DIF, lo manda a dormir al sillón. ¡Sopas! Pobre de mi alcalde. O peor aún: actúa bajo órdenes del verdadero poder tras el trono, el exalcalde panista Víctor Mendoza.

Mendoza convirtió el Ayuntamiento en una agencia de aviadores ineptos. Ha llenado la nómina de personajes que ni trabajan ni aportan, pero sí cobran. El ejemplo más vergonzoso es el de su hija, que posa como regidora mientras su único mérito es llevar el apellido correcto. Y si no ha metido al perro familiar a la nómina, es porque Dios es grande y porque tiene otros “perros” que sí ha metido.

Víctor es el operador estrella, el que mueve, el que asusta, el que reparte favores y acomoda negocios. Pero hay otro socio en la operación del saqueo institucional: Franco Coronado, exalcalde de Matehuala y ahora delegado en el Altiplano de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional de San Luis Potosí (Sedesore).

A través de José Castillo, Coronado tiene el contrato millonario para la renta de maquinaria destinada a la operación del tiradero municipal. Tres millones de pesos mensuales por unas máquinas que nadie ha visto. Los propios trabajadores del tiradero aseguran que ahí no ha llegado ni una pala. ¿Dónde están las máquinas? Nadie sabe. ¿Quién cobra? Coronado. ¿Quién se lleva su tajada? El alcalde Ortega. ¿Quién permite la corrupción? Juzgue usted.

Mientras ellos reparten el pastel, a la ciudadanía solo le toca ver cómo se desmorona el municipio. Las calles en abandono, los servicios colapsados, la basura reventando en las esquinas y el Ayuntamiento operando como un botín con factura oficial.

Pero el desgobierno no solo se nota en los contratos y las nóminas. También se siente en la calle, en los hospitales, en la vida cotidiana. En la Clínica 14 del IMSS, el personal médico vive un clima de terror tras el presunto intento de secuestro de un médico residente.

Según las denuncias internas, sujetos no identificados intentaron ingresar al domicilio del doctor mientras su esposa estaba adentro. El médico logró auxiliarla y ambos fueron puestos a salvo. Pero el acoso no terminó ahí: horas después, hombres armados llegaron directamente al hospital para exigir la salida del residente.

El miedo se apoderó de los pasillos. Los residentes suspendieron consultas externas y solo están atendiendo urgencias. El IMSS analiza incluso retirar a todos los médicos residentes de Matehuala, lo que dejaría la clínica prácticamente inutilizada. Sin ellos, el sistema colapsa.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, los usuarios del IMSS denuncian desabasto de medicamentos, falta de insumos médicos y personal insuficiente. Derechohabientes de comunidades rurales recorren kilómetros para recibir atención médica, solo para toparse con estantes vacíos y la obligación de pagar de su bolsillo lo que la Federación debería proporcionar.

Entre el miedo, la corrupción y el abandono, el Altiplano se sostiene solo por la dignidad de su gente. Porque de los gobernantes ya no hay mucho que esperar.

Franco Coronado, Franco Luján y Jesús Valencia. Ese es el trío que la ciudadanía identifica como la mafia del poder local. Son quienes manejan los hilos, quienes presionan, quienes negocian, quienes disponen de recursos públicos como si fueran propios. Y Raúl Ortega, el alcalde, ha decidido prestarse a ese juego.

La pregunta ya no es qué está pasando. La pregunta es: ¿hasta dónde van a dejar que esto llegue? Porque cuando un pueblo pierde el respeto a sus autoridades, lo que sigue no es la crítica. Lo que sigue es la rebeldía. Y el Altiplano está cada vez más cerca de ese punto.