En San Luis Potosí, la desaparición de personas se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad en los últimos años. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de 2020 a 2025 se acumulan más de mil 200 casos en todo el estado. Una parte importante se concentra en el Altiplano, donde se contabilizan al menos 324 desapariciones, de las cuales 159 continúan sin resolverse.
La mayoría de los casos corresponden a hombres jóvenes, aunque cada vez son más frecuentes las denuncias por mujeres y migrantes desaparecidos. El municipio de Matehuala es el que más preocupa debido a su ubicación en la Carretera 57, una ruta estratégica para el traslado de mercancías y de migrantes que se ha convertido en un punto de operación de grupos del crimen organizado.
En 2023 se registraron episodios de desapariciones masivas de migrantes en la zona; algunos fueron localizados en operativos militares, pero otros permanecen sin ser encontrados. En municipios como Moctezuma, Charcas y Matehuala se han localizado predios con restos humanos, en varios casos calcinados. Colectivos de familiares de desaparecidos han señalado que se trata de posibles sitios de exterminio. La Fiscalía estatal rechaza esa clasificación, aunque reconoce que se han encontrado restos que siguen en proceso de identificación debido a la saturación de los laboratorios forenses.
El repunte de casos comenzó en 2021, cuando el reacomodo de grupos criminales en el norte del país impactó directamente en el Altiplano. En 2022 y 2023 se alcanzaron los niveles más altos de desapariciones en la última década. Si bien en 2024 y 2025 la cifra no se ha incrementado al mismo ritmo, tampoco se ha reducido de manera significativa, lo que refleja que el problema se mantiene en niveles críticos.
Las autoridades han desplegado brigadas de búsqueda y mantienen operativos en coordinación con familiares, pero los resultados han sido limitados. Las organizaciones de víctimas denuncian falta de personal especializado, rezagos en las pruebas genéticas y poca coordinación entre instancias estatales y federales. Por ello, han exigido la creación de una fiscalía con autonomía y recursos propios que atienda de manera exclusiva los casos de desaparición.
El impacto en la vida social del Altiplano es evidente. En municipios como Venado, Guadalcázar o Salinas, los colectivos realizan constantes búsquedas en terrenos baldíos y zonas rurales con la esperanza de encontrar indicios que permitan identificar a las víctimas. Las comunidades resienten la ausencia de quienes no han vuelto y, al mismo tiempo, crece la desconfianza en las instituciones que no logran ofrecer resultados contundentes.
En cinco años, el Altiplano potosino pasó de ser una región de paso a un foco rojo en materia de desapariciones. Las cifras muestran un problema en aumento, los hallazgos forenses confirman la gravedad de la situación y la falta de resultados en las investigaciones mantiene a las familias en la incertidumbre. Hoy, el reto para las autoridades es no solo reforzar la búsqueda, sino garantizar justicia y verdad en una zona que se ha convertido en una de las más golpeadas por este fenómeno en todo el estado.
