Hubo un tiempo en que las llamadas mesas de seguridad o, en su versión más solemne, Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, se presentaron como la fórmula casi mágica para devolverle la tranquilidad a San Luis Potosí. Se nos dijo que ahí, alrededor de una mesa institucional y con carpetas bajo el brazo, confluirían inteligencia, estrategia y voluntad política. Que ahí se revisarían casos puntuales, se cruzaría información sensible y se tomarían decisiones firmes para contener la incidencia delictiva. Que ahí, en suma, se estaba escribiendo la nueva historia de la seguridad pública.
La realidad, con el paso del tiempo, parece haber tomado otro rumbo. Aquellos encuentros que, en un inicio, convocaban a los titulares estatales, municipales y federales con puntualidad casi marcial, hoy lucen deslavados. Donde antes se esperaba análisis fino y autocrítica sincera sobre lo que funciona y lo que no, ahora asoma una rutina burocrática que se parece más al trámite que a la estrategia. Como diría la canción, acude el gato del gato del gato del patrón. Los máximos responsables, quienes deberían rendir cuentas y asumir compromisos frente a sus pares, han delegado su silla a representantes cada vez más lejanos de la toma real de decisiones.
En varias ocasiones, mis compañeros periodistas han sido testigos de cómo sacan de la sala de reuniones las sobras de los pastelitos de cumpleaños. Red velvet, para ser puntuales. Lo que me hace creer que dichos encuentros ya perdieron toda objetividad, porque, ciertamente, San Luis Potosí está tranquilo, pero no tanto como para que una reunión de seguridad se convierta en un festejo de cumpleaños.
El problema no es el café, nadie podría estar en contra de un buen café ni la cortesía mínima de una galleta. El problema es la señal. Cuando la forma desplaza al fondo, cuando el protocolo sustituye al debate y cuando la reunión se vuelve un acto social más que un ejercicio de coordinación efectiva, la estrategia pierde filo. Y en materia de seguridad, perder filo cuesta caro.
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Para colmo, los resultados o acuerdos de dichas mesas no trascienden. No hay comunicados robustos, no hay metas medibles, no hay seguimiento público que permita evaluar avances o retrocesos. Se habla de coordinación, pero no se transparentan los compromisos; se presume trabajo conjunto, pero no se ofrecen indicadores claros. Así, al final, no hay un mensaje contundente que modifique la percepción de inseguridad o violencia que todavía prevalece entre los potosinos. La narrativa oficial insiste en que la estrategia funciona. La calle, en cambio, sigue enviando señales más complejas.
Y si de ejemplos se trata, basta mencionar que la fiscal general del Estado, María Manuela García Cázarez, rara vez sabe qué hace la institución que supuestamente dirige y eso nomás por dar un ejemplo, porque todos los que acuden parecen estar en la misma situación. Si quienes encabezan las áreas más sensibles no tienen pleno dominio de sus propios frentes, difícilmente podrán coordinarse con otros para articular una política eficaz. Así como Manuelita, hay otros tantos que prefieren salir por la puerta de atrás para evitar dar la cara ante la prensa y ante los potosinos.
¿Qué tendría que pasar para que esta estrategia realmente funcione? Primero, recuperar la seriedad. Las mesas de seguridad no pueden ser un espacio de cortesía política; deben ser un espacio de rendición de cuentas entre autoridades. Que vuelvan los titulares, que asuman personalmente la responsabilidad de informar y decidir. Segundo, establecer objetivos claros, medibles y públicos. No basta con decir que hay coordinación, hay que demostrarla con cifras, con resultados verificables y con seguimiento puntual. Tercero, incorporar evaluaciones externas o mecanismos ciudadanos que obliguen a que lo acordado no se quede en minuta.
Si la intención es renovar la estrategia, que la renovación sea de fondo y no de discurso. Que no se trate sólo de cambiar el nombre o ajustar el horario, sino de replantear el propósito mismo de la mesa; menos fotografía y más diagnóstico, menos café y más datos, menos cotorreo y más autocrítica. Ténganlo claro, la seguridad no admite simulaciones prolongadas.
San Luis Potosí no está en llamas, es cierto, pero tampoco vive en un paraíso blindado. Entre la complacencia y el alarmismo hay un punto medio que exige responsabilidad. Si las Mesas de Seguridad quieren volver a ser relevantes, tendrán que demostrar que son algo más que una reunión amable con pastel incluido. Tendrán que probar con hechos que siguen siendo el espacio donde se toman decisiones que inciden en la vida real de los ciudadanos. De lo contrario, seguirán siendo eso, mesas bien servidas, pero mal aprovechadas.
Cavilaciones
Primera: Una crisis está por reventar en el Ayuntamiento de Villa de Reyes. Resulta que la tesorera, Rosa Carrillo (el poder real en el industrioso municipio), es cuñada del presidente municipal, Ismael Hernández, que, por si fuera poco, trae a su hermano (esposo de Rosa) como jefe de seguridad. El nepotismo es lo de menos en la investigación que tiene el Instituto de Fiscalización Superior del Estado y que estaría turnando a la Fiscalía General del Estado esta misma semana. Muy peligrosos los tejados de la demarcación también conocida como Villa de Téllez.
Segunda: Los colectivos feministas ya han dictado las reglas para la cobertura de sus marchas del 8M. Este año aceptarán que personas del sexo masculino cubran sus manifestaciones, pero este felino tomará distancia porque el año pasado mi compañera de Código San Luis (igual que otras periodistas) fue víctima de señoras que cobardemente se cubren el rostro para agredir e insultar porque no son capaces de respetar la labor de las y los periodistas que, con profesionalismo, reportan los hechos de interés colectivo. Que hagan valer su lucha, pero sin violencia ¡Miau!
Tercera: Este felino expresa sus condolencias a la familia Valladares García por el sensible fallecimiento de doña Rosita García de Valladares. Rosita fue una incansable promotora de la cultura, la salud y el progreso para San Luis Potosí. Descanse en paz.
Maullido: Tenemos nuevo delegado de la Fiscalía General de la República; se trata de Gabriel Campos Piña, quien viene a suplir a Rafael Marín Álvarez. Todo apunta que se trató de un manotazo en la mesa bien dado por Ernestina Godoy. Ya veremos hasta dónde llega este asuntito ¡Grrr!
