Una vasta red de difusión de imágenes íntimas no consentidas de mujeres fue desmantelada por la Policía Cibernética de la capital potosina. El hallazgo de miles de archivos no es un simple crimen digital; las investigaciones apuntan a que podría ser la nueva cara de un delito de trata de mujeres, un problema que históricamente ha golpeado a la región de Matehuala.
A través de sus “ciberpatrullajes” en la red, la corporación descubrió una operación criminal que exponía la intimidad de mujeres residentes de la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Matehuala. En una primera fase, se rastreó un enlace de 6 gigabytes que contenía más de 9,000 archivos entre fotografías y videos. Tras seguir la pista digital, la investigación escaló de manera alarmante, revelando un segundo hallazgo con 1,500 carpetas que albergaban más de 30,000 imágenes y videos íntimos.
La magnitud del descubrimiento sugiere que este crimen va mucho más allá de una invasión a la privacidad. La investigación de la Policía Cibernética, reportada a la Fiscalía General de la República (FGR), busca determinar si los responsables operan una red de explotación sexual que utiliza la web como plataforma de negocio.
La alarma se enciende al recordar que la región de Matehuala ha sido históricamente señalada como un punto de operación para redes de trata de personas. En 2022, el problema quedó en evidencia con la sentencia a una mujer acusada de ofrecer a una joven a hombres a cambio de dinero. El rastro de estos criminales volvió a hacerse visible en diciembre de 2024, con el caso de “María”, una joven que fue localizada en el Centro Caprino de Matehuala, lo que dejó claro que la ciudad forma parte de la ruta de estas redes.
Para las víctimas, el trauma de la exposición digital es un profundo golpe a su dignidad y seguridad. El anonimato de quienes operan estas redes es un desafío clave para las autoridades, ya que utilizan plataformas encriptadas como Telegram y Mega, que dificultan el rastreo y la identificación de los responsables.
Las investigaciones apuntan a que los cibercriminales son jóvenes con conocimientos informáticos que operan bajo un modelo de negocio en el que el intercambio de archivos íntimos, conocidos popularmente como “packs”, es el epicentro. A medida que las indagatorias avanzan, queda la certeza de que la lucha contra estos crímenes no es solo una cuestión de tecnología y ciberseguridad: es una batalla por la dignidad y la seguridad de miles de mujeres que, sin su consentimiento, se han convertido en la mercancía de un mercado ilícito que florece en las sombras de la red. Esto demuestra que la explotación sexual no es solo un problema de la calle, sino que también ha encontrado su camino en la ruta digital.
Aun con el desmantelamiento de estos enlaces, el peligro para las mujeres no ha terminado. Todo apunta a que detrás del problema se encuentra una estructura enorme de delincuentes dispuesta a seguir explotando la intimidad de sus víctimas. Este caso debe ser el inicio de un esfuerzo mayor para limitar el envío de imágenes íntimas a desconocidos, pues estas pueden ser fácilmente utilizadas para fines de trata y extorsión.
El combate a este delito exige no solo la acción policial, sino también una mayor conciencia pública para proteger a quienes se encuentran en la mira de estas redes criminales.
