El Tribunal Electoral del Estado (TEE) de San Luis Potosí impuso severas sanciones económicas a los ocho integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Venado, quienes deberán cubrir de forma individual una multa de 11 mil 314 pesos por incumplir resoluciones judiciales que les ordenaban liquidar pagos pendientes a exregidores de administraciones anteriores.
De acuerdo con las sentencias de los expedientes TESLP/JDC/14/2023 y acumulados, además de las sanciones personales, el propio municipio deberá pagar una multa de 28 mil 285 pesos por desacato. Entre los adeudos se encuentran 732 mil 996.34 pesos a favor de Olivia Valdez Martínez, Maribel Martínez Noriega, Gloria Leticia Medina Rivera y Luis Felipe Casas Alemán Martínez, así como 805 mil 819.22 pesos adicionales para Cecilia Molina Hernández, correspondientes a sueldos y prestaciones no cubiertas.
A finales de julio, el Ayuntamiento de Venado se negó a pagar la deuda, a pesar de existir una sentencia firme. Según el Tribunal Electoral del Estado (TEE), el 17 de julio se recibieron ocho escritos firmados por integrantes del Cabildo, incluida la síndica Cecilia Cerda Zapata, en los que argumentaron que las limitaciones presupuestales impedían cumplir con la resolución emitida en septiembre de 2023 y ratificada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El gobierno municipal sostuvo que estaba imposibilitado para realizar el pago, ya que el monto no fue contemplado en el presupuesto del ejercicio 2025. Sin embargo, este argumento contrasta con el hecho de que la orden judicial fue emitida desde 2023, lo que significa que, al inicio de 2024, la administración ya tenía pleno conocimiento de la obligación y tiempo suficiente para haber incluido el gasto en su planeación financiera.
La administración encabezada por la alcaldesa José Reyes Martínez Rojas, conocida como “Reyitos”, no solo ha incumplido con las órdenes judiciales, sino que, de acuerdo con diversas denuncias, ha mantenido una postura desafiante. Incluso, la edil habría emitido comunicados en tono burlón hacia quienes han hecho públicas las sanciones, minimizando su gravedad. El TEE advirtió que las resoluciones judiciales son de carácter obligatorio y que el incumplimiento por parte de los servidores públicos constituye una falta grave que puede derivar en responsabilidades administrativas y eventuales inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.