La gestión de Pedro Martínez Perales, delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Altiplano, sigue acumulando señalamientos por presunta negligencia y malas prácticas. La supuesta desaparición de un adolescente de 16 años expuso, una vez más, la falta de respuesta efectiva de la Vicefiscalía, luego de que el padre del joven denunciara públicamente que fue ignorado cuando acudió a pedir ayuda urgente.
“Ni siquiera me quisieron escuchar”, declaró el padre del menor, quien relató que pasó horas intentando que alguien recibiera su declaración y activara los protocolos de búsqueda. “Me dijeron que no había personal y que regresara después”, reclamó.
Este caso se suma a una preocupante lista de desapariciones en la región Altiplano, donde cada mes se acumulan reportes de jóvenes, mujeres y trabajadores del campo no localizados. Pese a ello, familiares de las víctimas señalan que, lejos de encontrar apoyo, enfrentan trámites confusos y oficinas cerradas, mientras la angustia crece y los días pasan sin respuestas.
Pedro Martínez Perales ha sido señalado constantemente por ignorar casos urgentes y darle la espalda a quienes más necesitan apoyo de la autoridad. Bajo su gestión, decenas de familias han tenido que enfrentar solas la desesperación de buscar a sus desaparecidos, pues relatan que, en lugar de recibir orientación o respuesta inmediata, se topan con puertas cerradas y promesas incumplidas. Para muchos, acudir a la Fiscalía se ha vuelto un trámite sin sentido, saben que Pedro Martínez simplemente no escucha o ni si quiera está en la oficina.
Testimonios coinciden en que a Pedro Martínez no le interesa atender los casos ni darles seguimiento. Madres, padres y colectivos denuncian que la Vicefiscalía permanece ausente en operativos de búsqueda y que, incluso cuando se logra abrir una carpeta de investigación, esta queda estancada sin avances. La indiferencia y el abandono de casos graves, especialmente de menores y mujeres desaparecidas, se ha convertido en una marca de su administración que cada vez genera más indignación en el Altiplano.
Organizaciones de búsqueda y colectivos de familiares insisten en que muchas veces son ellos quienes realizan las labores que debería encabezar la autoridad, arriesgándose a internarse en parajes y comunidades sin recursos ni protección, con la única esperanza de encontrar alguna pista. Estos casos reavivan la pregunta entre la población: ¿quién vigila a quien debería impartir justicia? Mientras tanto, para muchas familias, la justicia se ha convertido en una puerta cerrada, y la incertidumbre, en la única respuesta oficial.
