Históricamente, los policías han sido el patito feo del sistema. Ganan muy poco, a veces ni prestaciones tienen, mucho menos seguro de vida. Sin embargo, cuando la ciudadanía los necesita, exige que lleguen rápido, oportunos y que resuelvan el problema sin chistar.
No hay dinero para ellos. Andan en patrullas viejas, con uniformes parchados y botas que muchas veces ellos mismos tienen que comprar. Los alcaldes aprovechan el recurso destinado a la seguridad para hacer negocios, venden botas, uniformes y hasta rangos. Así, con sueldos miserables y condiciones deplorables, es casi imposible que no terminen cayendo en las garras del crimen organizado.
Muchos policías viven endeudados. Sacan préstamos para completar la colegiatura de sus hijos, para comprar su propio uniforme, para pagar medicinas que el seguro, si es que lo tienen, no cubre. Algunos tienen que dormir en la comandancia o en patrullas porque no les alcanza para pagar renta cerca de su zona de trabajo. Otros se van a pie a sus casas porque la gasolina se la quedan los mandos o simplemente no hay presupuesto para llenar el tanque.
La situación es tan precaria que en algunos municipios los policías tienen que comprar hasta su arma y pagar sus balas de práctica si quieren mantenerse al día. Los chalecos antibalas, cuando existen, están vencidos y rotos. La capacitación es un lujo, muchos entran a patrullar sin un solo curso de derechos humanos, protocolo de detenciones o manejo de crisis.
San Luis Potosí no es la excepción. El abandono de los cuerpos de seguridad viene de años atrás. Muchos presidentes municipales han visto a la policía como un gasto incómodo, no como una inversión necesaria. Ahí están los resultados:, corporaciones infiltradas, patrullas descompuestas y comandantes que venden protección al mejor postor.
En Matehuala, históricamente ha sido así. Como ejemplo basta recordar cuando el 30 de septiembre de 2018, Pepe Nava, a horas de concluir su mandato como alcalde de Matehuala, inauguró a toda prisa la comandancia de la Policía Municipal, que costó 30 millones de pesos y que, igual que su carrera política, se cayó a pedazos. El 31 de enero de 2019, poco antes de la medianoche, una de las láminas del portón de entrada se desplomó, hiriendo a un oficial de turno.
Aproximadamente a las 23:30 horas se pidió de emergencia una ambulancia para auxiliar al policía herido, pues le cayó encima la puerta de acceso a la comandancia. Paramédicos lo socorrieron; por el impacto se le abrió la cabeza, aunque por fortuna no sufrió daños mayores.
Hoy, el Ayuntamiento que encabeza Raúl Ortega tampoco ha logrado poner orden en la Policía Municipal. Las denuncias por abusos, corrupción interna y la falta de disciplina siguen siendo parte del día a día. La confianza de la ciudadanía está rota y reconstruirla no se consigue de la noche a la mañana. A pesar de operativos y relevos constantes, Matehuala aún enfrenta focos rojos que siguen encendiendo alarmas.
Es cierto que bajo el mando de Jorge Eduardo Peña Martínez, comandante de la Policía y Tránsito Municipal de Matehuala, se han dado casos de policías que han sido dados de baja por presuntos abusos, nexos con la delincuencia y hasta por dar positivo a drogas. Pero lo cierto es que nadie sabe nada de ellos, no se conocen sus nombres ni si realmente fueron despedidos o solo reacomodados en algún municipio cercano. Además, si no fuera porque la Guardia Civil Estatal realizó un operativo en la comandancia, nada de esto hubiera salido a la luz. Las cosas como son.
A esto se suma que el Altiplano Potosino enfrenta un déficit alarmante de elementos de seguridad. Algunos municipios cuentan con menos de cinco policías operativos, situación que pone en riesgo a toda la población. Hay comunidades que apenas tienen uno, dos o tres policías. Casos como Villa de Arista y Villa de Ramos confirman que la presencia de seguridad pública es prácticamente simbólica.
Pero hoy hay señales de cambio. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona lleva casi cuatro años intentando limpiar y dignificar a la corporación. Pocos lo dicen, pero no es menor que haya jubilado a 600 policías y reemplazado a casi toda la Policía Estatal, hoy Guardia Civil Estatal, para sacar a quienes operaban para la delincuencia.
Los resultados son visibles: de más de 100 homicidios mensuales ligados al crimen organizado en tiempos de Juan Manuel Carreras, hoy los reportes oficiales registran 17 en junio de 2025. La Inteligencia Militar asegura que la presencia de cárteles se ha reducido a dos y que la Guardia Civil está limpia en un 90%, gracias a mil 200 nuevos agentes egresados de la academia.
Ahora Gallardo va por un paso histórico. Presentó una iniciativa para garantizar que los policías municipales de los 59 ayuntamientos puedan jubilarse con pensión, seguridad social y mejores condiciones laborales. Por primera vez en la historia se les reconoce como lo que son: piezas clave para la seguridad de todos.
Si un policía tiene seguro, si sabe que su familia no quedará desamparada, dará mejores resultados. Profesionalizar a los cuerpos, capacitarlos y pagarles dignamente no debería ser la excepción, sino la regla. Ojalá que esta vez no quede solo en el papel.
Porque mientras los sigamos tratando como históricamente se ha hecho, nadie puede sorprenderse de que el crimen organizado los reciba con los brazos abiertos. La dignidad de un policía es la primera línea de defensa para la dignidad de todos.
