Durante décadas, emigrar a Estados Unidos fue sinónimo de progreso para miles de potosinos, sobre todo originarios del Altiplano. Municipios como Venado, Charcas, Vanegas, Moctezuma y Matehuala vieron salir a generaciones enteras con la esperanza de que, al otro lado de la frontera, sus seres queridos lograrían encontrar una vida mejor y enviar recursos para sostener a sus familias, pero hoy, esa ecuación se ha invertido. Lejos de enviar dinero, muchos migrantes ahora dependen de los suyos en México para sobrevivir en un país que los hostiga cada vez más.
El endurecimiento de la política migratoria, enmarcada en el gobierno de Donald Trump, ha golpeado con fuerza a las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Las redadas se han intensificado, los centros de detención están saturados y los migrantes viven con miedo constante. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el expresidente republicano ha puesto en marcha un agresivo plan para expulsar a millones de indocumentados, muchos de los cuales tienen años, incluso décadas, viviendo en el país.
Según datos del propio Departamento de Seguridad Nacional, en los primeros cien días de esta nueva administración se han detenido más de 158 mil personas, muchas de ellas mexicanas. Las medidas han ido más allá de los operativos habituales. Trump reactivó y amplió la llamada “Operación Safeguard”, que permite redadas en ciudades santuario, y firmó la Ley Laken Riley, que obliga a detener a cualquier indocumentado acusado de un delito, sin importar su gravedad. Además, ahora se realizan redadas en lugares que antes se consideraban protegidos, como iglesias, hospitales y escuelas.
La presión se extiende incluso a los caseros: las autoridades federales los instan a entregar información sobre sus inquilinos, lo que ha generado un ambiente de delación y paranoia entre comunidades latinas. En este contexto, las condiciones de vida de muchos potosinos han empeorado drásticamente. Algunos ya no pueden trabajar de forma regular. Otros, tras perder sus empleos por miedo a ser detectados, han optado por encerrarse en sus casas, sobreviviendo con lo poco que les queda. Lo que antes era una estadía temporal para “hacer dinero” y apoyar a la familia, hoy es una lucha diaria por no ser deportado.
Los efectos de esta política migratoria han trastocado la economía familiar tradicional. En el pasado, era común que un migrante enviara cada mes entre 300 y 500 dólares a su familia en el Altiplano. Hoy, son esas mismas familias las que se organizan para enviar 100 o 200 dólares hacia Estados Unidos, con la esperanza de que su pariente allá pueda pagar renta, comprar comida o simplemente aguantar un mes más en la sombra. Lo que antes era una historia de superación ahora es una cadena de deudas, sacrificios e incertidumbre.
Aunque las remesas hacia México siguen en aumento, por ejemplo, San Luis Potosí recibió 450 millones de dólares en los primeros tres meses de 2025, un incremento de 3.2 por ciento, respecto al año anterior, muchas de esas cifras esconden una nueva realidad; el dinero no siempre fluye en una sola dirección. Ya no se trata sólo del orgullo de enviar dólares, sino también del silencio con el que muchos migrantes reciben pesos para poder seguir resistiendo. “Mi hijo está en Houston desde hace cinco años. Siempre nos mandaba algo, aunque fuera poquito. Pero desde que empezó esto de las redadas, ya no ha podido trabajar. Ahora nosotros le mandamos, porque no quiero que pase hambre ni que lo arresten solo por andar en la calle”, cuenta Ofelia R., originaria de Moctezuma, cuyo esposo incluso tuvo que vender una parcela para mantener al hijo que, en teoría, se había ido para sacar a la familia adelante.
Los testimonios como el de Ofelia se repiten en muchas comunidades del Altiplano. Las casas de adobe en Charcas y los ranchitos de Vanegas tienen ahora un vínculo distinto con el norte: uno que ya no se basa en el envío de ayuda, sino en sostener a quien, desde el exilio, se ha quedado atrapado por la promesa rota del sueño americano. Mientras en Washington se discuten nuevas medidas de control y deportación masiva, en San Luis Potosí las familias hacen cálculos para ver cómo pueden seguir ayudando a sus seres queridos del otro lado.
