Zoraira Hernández de los Reyes, presidenta del DIF municipal, reafirmó recientemente el “compromiso de acompañar con amor y dedicación” a las familias de niñas y niños con autismo, destacando el fortalecimiento de servicios y terapias desde el inicio de su administración. Sin embargo, sus declaraciones contrastan fuertemente con las graves deficiencias y recortes que denuncian padres y madres de familia que utilizan los servicios del Centro de Rehabilitación Integral (CRI).
Según el testimonio de varios usuarios afectados, la realidad de la atención está lejos de ser óptima. La queja constante es la ausencia de un terapeuta de lenguaje en el CRI. “La maestra se retiró en marzo y, a partir de ahí, nos canalizaron con otra maestra que también dejó de dar el servicio en junio”, relatan.
Las deficiencias se extienden al área de Terapia Ocupacional. Los usuarios señalaron que la atención en el área propioceptiva ha sido “muy deficiente” por parte de la terapeuta. Además, en lo referente a la terapia vestibular, se les indicó que “eso lo trabajaran en casa”. Las familias cuestionan esta práctica, ya que la terapia ocupacional debería ser ofrecida por personal capacitado que proporcione el conocimiento y las herramientas especializadas.
La presidenta del DIF, Lic. Zoraira Hernández, mencionó tener un proyecto para mejorar la atención, admitiendo que este data de noviembre de 2024, pero reconoció que las gestiones “no han sido efectivas”. No obstante, los padres de familia desmintieron categóricamente la existencia de un proyecto formal. “El proyecto que presume no se presentó, señora Zoraira. Usted compartió lo que llamó un sueño por cumplir”, señalaron.
Los testimonios revelan que el anuncio de la funcionaria se limitó a expresar que “soñaba con un lugar donde, mientras los niños tomaban la terapia, a los papás nos pudieran dar masajes”, puntualizando que “era un sueño suyo y se valía soñar”. Esta declaración, según la comunidad, es una burla ante la urgente necesidad de servicios terapéuticos reales y especializados.
Las familias concluyen que, ante la falta de personal esencial y la postergación de mejoras en el servicio, “se le ha dado la espalda a la comunidad autista” del municipio.