Más de 20 trabajadores administrativos del Ayuntamiento de Matehuala denunciaron una disminución en su salario correspondiente a la última quincena de noviembre de 2025. Los empleados explicaron que hace algunos meses habían recibido un incremento salarial que ahora fue retirado sin previo aviso. La decisión los tomó por sorpresa, pues existían recibos oficiales que comprobaban el pago del aumento durante varios periodos. Además, indicaron que esta reducción se aplicó de forma directa en su nómina y en sus depósitos bancarios. La afectación ha generado molestia y preocupación entre los trabajadores. Consideran que se trata de un acto arbitrario cometido desde la administración municipal. Por ello, comenzaron a documentar el caso para proceder por la vía formal.
La legislación laboral mexicana establece que ninguna autoridad o empleador puede reducir el salario de un trabajador sin su consentimiento expreso y por escrito. Este principio protege las condiciones laborales y garantiza que el salario no pueda ser modificado de manera unilateral. A pesar de ello, los afectados señalaron que el Ayuntamiento ignoró esta obligación legal. Explicaron que la reducción se dio sin firmar ningún acuerdo, notificación o autorización de por medio. Señalaron también que el aumento retirado formaba parte de su sueldo regular desde hace meses. Indicaron que la medida no solo es injusta, sino violatoria de su estabilidad económica. Por ello, consideran que la autoridad municipal actuó sin fundamento jurídico.
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De acuerdo con los testimonios, el oficial mayor del municipio, Pascual de Jesús Ramírez, ordenó retirar el incremento salarial bajo el argumento de haber recibido observaciones de la Auditoría Superior. Según comentó a los trabajadores, los aumentos no estaban presupuestados, motivo por el cual decidió frenar su pago. Sin embargo, los afectados cuestionaron por qué no se siguió el procedimiento legal correspondiente. También señalaron que existen mecanismos administrativos para corregir irregularidades sin perjudicar a los empleados. La cancelación del aumento fue una determinación personal del funcionario.
Al enfrentar al oficial mayor, los trabajadores recibieron una respuesta que calificaron como infantil e impropia de un servidor público. Ramírez les pidió “agarrar la onda”, asegurando que el aumento se había otorgado “de buena voluntad”. Agregó que, tras el llamado de atención que recibió, “la buena voluntad se acabó” y por eso decidió retirarlo. Esta explicación generó aún más molestia entre los empleados afectados. Consideran que un funcionario no puede basar decisiones salariales en criterios personales o emocionales. También señalaron que la falta de seriedad demuestra desconocimiento o desinterés por la normatividad laboral. Los trabajadores evalúan acciones legales ante lo que consideran una violación directa a sus derechos.
