En los tramos carreteros donde la Guardia Nacional ha instalado retenes durante las últimas semanas, paisanos y automovilistas denuncian que estos puntos de revisión se han convertido en espacios de extorsión y abuso. Según testimonios, los agentes federales se enfocan principalmente en paisanos que regresan del extranjero y en conductores de vehículos conocidos como “autos chocolate”, a quienes presuntamente les exigen dinero para dejarlos continuar su camino. En varios casos, aseguran, los elementos les quitan parte de su sustento económico bajo amenazas o argumentos sin sustento legal.
Los señalamientos no se limitan a viajeros; trabajadores que recorren ranchos para llegar a las huertas también han sido blanco de estos retenes. Relatan que, aun cuando se trata de vehículos de trabajo con rutas establecidas, los agentes los detienen sin motivo y con el mismo objetivo de obtener un pago. Acusan que estas acciones no cumplen ninguna función de seguridad real y solo generan miedo e incertidumbre entre quienes necesitan desplazarse diariamente por la zona.
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A ello se suma el poco profesionalismo con el que, según los afectados, la Guardia Nacional realiza las inspecciones. Explican que no existe un protocolo claro: las revisiones son tardadas, las órdenes cambian de un día a otro y los criterios para detener vehículos no son transparentes. En múltiples ocasiones, los conductores son retenidos durante largos periodos sin explicación, afectando los tiempos de traslado, las entregas programadas y las rutas de trabajo de trabajadores agrícolas y transportistas.
Las largas filas generadas por estos retenes se han convertido en un problema cotidiano. En horas de mayor flujo vehicular, los congestionamientos se extienden por varios kilómetros, provocando retrasos y accidentes viales. Conductores reportan frenados repentinos, maniobras arriesgadas y situaciones de peligro causadas por quienes desconocen la presencia del retén y no alcanzan a disminuir la velocidad, lo que ha incrementado el riesgo en este tramo carretero.
Transportistas señalan que, lejos de brindar seguridad, estos puntos de revisión generan un ambiente de presión e incertidumbre. Afirman sentirse vulnerables durante las detenciones, pues el tiempo que permanecen inmovilizados representa pérdidas económicas importantes al afectar los tiempos pactados con empresas y clientes. Además, indican que la falta de comunicación y el desorden con el que actúan los agentes incrementa el malestar entre los operadores, quienes temen ser víctimas de extorsión o abuso.
