Una maestra de educación primaria y miembro de la comunidad LGBT denunció haber sido víctima de discriminación, violencia institucional y abuso de autoridad por parte de funcionarios de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), así como omisión por parte del sindicato magisterial. Acompañada de su abogada, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía especializada.
De acuerdo con la defensa legal, la afectada fue víctima de hostigamiento y exclusión laboral durante su servicio en la supervisión escolar número 127, bajo el cargo de un directivo identificado como José Luis Castillo Barrientos. Según relataron, desde que la maestra notificó su orientación sexual, comenzó a recibir tratos discriminatorios, burlas y negativas para ejercer sus derechos laborales, lo que la orilló a solicitar medidas de protección y el cambio de adscripción, vigente solo hasta mediados de agosto.
La abogada que lleva el caso detalló que las acciones de discriminación están tipificadas como delito y se encuentran respaldadas por evidencia que ya fue entregada a la Fiscalía de Derechos Humanos, instancia que otorgó medidas cautelares para salvaguardar la integridad física y emocional de la maestra. Asimismo, se presentó una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitando que se capacite de manera integral al personal directivo de la SEGE, dado que, según la denunciante, muchos funcionarios carecen de sensibilización en materia de derechos humanos y diversidad.
El sindicato al que pertenece la maestra fue señalado como omiso y cómplice, al ignorar las denuncias e incluso desincentivar que la afectada tomara acciones legales, lo que, según la abogada, refleja una red de protección institucional que perpetúa la impunidad dentro del sistema educativo estatal.
Durante su intervención, la maestra manifestó su incertidumbre laboral y emocional, pues una vez concluido el periodo de protección asignado, teme ser reubicada en condiciones adversas o, incluso, separada de su cargo. Aseguró sentirse revictimizada por funcionarios que, lejos de atender la situación con seriedad, han minimizado los hechos y evadido compromisos formales.
