El exalcalde de Matehuala y operador político de Morena en el Altiplano, Iván Estrada, parece decidido a extender su influencia en la política local. Ahora, su apuesta es que su esposa, Paula Méndez, sea la candidata de Morena a la alcaldía de Matehuala. Y no es casualidad, su aliada y amiga íntima, Rita Ozalia Rodríguez, dirigente estatal del partido guinda, ya dio luz verde. El argumento es simple pero cómodo: “Morena tiene que mandar a una mujer”. Estrada aprovecha la bandera de la paridad de género como salvavidas político, aunque la jugada deja más dudas que certezas. Lo irónico es verlo muy sonriente en los eventos oficiales, como el de Claudia Sheinbaum en San Luis Potosí, presumiendo fotografías como si la presidenta no estuviera consciente de su pasado judicial… o peor aún, de lo que aún se murmura en el presente.
Si este plan prospera, el Partido Verde se prepara para mover sus piezas. Todo apunta a que Franco Coronado, el exalcalde interino que tomó las riendas del municipio cuando Estrada fue vinculado a proceso por ejercicio abusivo de funciones públicas, será su candidato natural. Coronado asumió el poder en un momento crítico: un municipio en ruinas, fracturado políticamente y con serios problemas financieros. Con respaldo del gobernador Ricardo Gallardo, logró estabilizar la administración y dejó algunas acciones positivas. Sin embargo, su figura hoy es más débil y depende demasiado de las cúpulas del partido. No la tendrá fácil, porque deberá disputarse la candidatura con el diputado Tomás Zavala, señalado por muchos como el peor legislador de la actual legislatura. Prepotente, corrupto, con una trayectoria marcada por escándalos y un desprecio constante hacia la prensa y la ciudadanía, Zavala representa el desgaste más evidente del Verde en la región. Que siga en la conversación política es un reflejo de lo que todavía toleran las estructuras partidistas.
Por otro lado, el PRIAN vive sus horas más bajas en Matehuala. No tienen candidatos visibles, no existen perfiles competitivos y el recuerdo reciente del alcalde Raúl Ortega los hunde aún más. Ortega, en tan solo un año de gestión, sumió al municipio en una crisis de abandono y falta de resultados que será difícil de perdonar en las urnas. Su administración es vista como una de las peores de las últimas décadas. Bajo esas condiciones, la alianza PAN-PRI apenas respira, sin rumbo ni proyecto claro.
En medio de este vacío, Movimiento Ciudadano (MC) se mueve con sigilo, pero con ambición. Su estrategia parece clara, capitalizar el desencanto con el Verde y rescatar a los alcaldes “heridos” que se sienten desplazados. Entre ellos figuran nombres como Javier Sandoval, “El Viejito Verde”, que asegura haber sido relegado y utilizado únicamente como operador de acarreo; Cinthia Segovia, alcaldesa de Cedral, quien quedó abandonada junto a su contratista de confianza, Ezequiel Juárez; y Marisol Nájera, edil de Charcas, a quien el Verde prácticamente ignora, conformándose con que no cometa errores graves. Todo este movimiento tiene como telón de fondo el malestar de J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del gobierno estatal, que no parece conforme con el desempeño de estos alcaldes y se pregunta qué beneficios podrían traerle en el tablero político.
MC, consciente de que el hartazgo ciudadano abre oportunidades, también apuesta a sus cartas propias. El caso más representativo es el del alcalde de Villa de la Paz, Juan Francisco Gómez Escamilla, un político con fama de conflictivo, se le recuerda incluso por haberse enfrentado a golpes con ciudadanos, pero que, a pesar de ello, ha posicionado al partido en la región y se ha convertido en un operador clave cercano a Marco Gama. Su estilo puede ser cuestionable, pero su efectividad política lo convierte en pieza importante en este ajedrez.
En paralelo, aparece la figura de Pedro Martínez, delegado de la Fiscalía en Matehuala, cuya reputación lo coloca como otro de los personajes oscuros en este tablero. Señalado por corrupción, indiferencia hacia la seguridad ciudadana y ocultar información a la fiscal María Manuela García Cázares, Martínez refleja el nivel de deterioro institucional en la región del Altiplano, una de las más golpeadas por la violencia en San Luis Potosí. Su permanencia en el cargo es una muestra de cómo los intereses políticos pesan más que el bienestar de la población.
Así, el panorama electoral en Matehuala se vislumbra como una batalla compleja, donde cada fuerza política carga con sus propios fantasmas. Iván Estrada quiere heredar el poder a través de su esposa; Franco Coronado busca sobrevivir en la estructura verde; Tomás Zavala se aferra a la política con más escándalos que logros; el PRIAN está en coma y sin oxígeno; y Movimiento Ciudadano intenta pescar en río revuelto, atrayendo a los inconformes y apuntalando sus propios liderazgos.
Lo cierto es que Matehuala se ha convertido en la silla caliente del Altiplano. Nadie llega limpio, todos cargan con pasados cuestionables y el electorado enfrenta la difícil tarea de elegir entre opciones que parecen más un mal menor que un verdadero proyecto de futuro. La pregunta que queda en el aire es simple pero brutal: ¿quién merece realmente gobernar Matehuala? Porque entre ambiciones personales, pactos bajo la mesa y partidos que se reparten el poder como botín, lo que menos aparece en la conversación es lo que de verdad importa, el bienestar de los matehualenses.
