La política no es un territorio ajeno a las mujeres, al contrario, su presencia ha crecido, se ha consolidado y ha demostrado que la capacidad femenina no está en duda. Claudia Sheinbaum, como primera presidenta de México, es apenas un ejemplo entre muchas que han escalado posiciones de relevancia gracias a su talento, su visión y su trabajo. Griselda Álvarez, la primera gobernadora que tuvo el país, en Colima, no necesitó leyes que le allanaran el camino ni cuotas obligatorias para demostrar que las mujeres pueden liderar con eficacia. Su éxito y el de muchas otras lo confirma; la capacidad existe, y la trayectoria, la preparación y el esfuerzo hablan por sí mismos.
Es precisamente esta capacidad la que hace cuestionable la propuesta del CEEPAC para San Luis Potosí, que plantea que, en 2027, sólo las mujeres puedan contender por la gubernatura. Bajo el argumento de la paridad y la alternancia de género, se pretende garantizar que, después de un mandato masculino, el siguiente corresponda exclusivamente a una candidata mujer. La intención de corregir la histórica subrepresentación femenina es válida y necesaria. Nadie discute la importancia de promover la igualdad real y de reconocer los derechos políticos de las mujeres, sin embargo, convertir la candidatura por el Ejecutivo Estatal en un territorio exclusivo de mujeres traslada la paridad de un principio de justicia a un instrumento de restricción; excluye a los hombres, limita la competencia y, paradójicamente, resta legitimidad a la causa original.
Consulta nuestra edición impresa: https://cutt.ly/8tiMf7Nr
El riesgo es evidente; la igualdad se convierte en exclusión. Se corre el peligro de que la política deje de ser un espacio de mérito y capacidad para transformarse en un juego de cuotas rígidas donde los nombres se colocan según género y no necesariamente por trayectoria o proyecto. Esto no sólo desvirtúa la lucha por la paridad, sino que también debilita la idea de que las mujeres pueden competir y ganar en igualdad de condiciones, como lo hicieron Sheinbaum, Álvarez y muchas otras lideresas que llegaron a la cima sin leyes que les facilitaran el camino.
Es cierto que aún existe subrepresentación femenina, y que las cuotas han sido históricamente un instrumento para corregir desigualdades estructurales, pero la propuesta del CEEPAC da la sensación de ser un tiempo forzado, un mandato de género que, si bien busca equilibrar cifras, no respeta plenamente la competencia abierta y corre el riesgo de percibirse como discriminación inversa. La igualdad no debería ser un privilegio impuesto ni una sanción para los hombres; debería ser el reconocimiento de la capacidad y la apertura real de oportunidades, donde cada contendiente, hombre o mujer, tenga posibilidad de competir con base en su talento, su proyecto y su compromiso con la sociedad.
San Luis Potosí se enfrenta a una oportunidad histórica; demostrar que puede avanzar en paridad de manera auténtica, promoviendo la participación femenina sin necesidad de convertir la política en un escenario exclusivo de género, porque la verdadera legitimidad no se logra obligando a alguien a ceder el paso, sino mostrando que, cuando se abren las puertas, las mujeres están listas para entrar y liderar sin que nadie les tenga que hacer espacio artificialmente. El tiempo de las mujeres ya llegó, lo que no necesita es ser forzado.
