La exalcaldesa de Catorce, María Guadalupe “Chiquis” Carrillo, denunció una campaña de hostigamiento en su contra por parte del actual presidente municipal, Javier Sandoval, conocido como “El Viejito Verde”. Afirmó que se están utilizando las instituciones públicas de forma indebida para intimidarla, clausurar sus negocios y afectar directamente el patrimonio de su familia, convirtiendo la autoridad municipal en un instrumento de presión política.
A través de un video difundido en redes sociales, Carrillo expuso que un grupo de funcionarios municipales acudió a “El Templo”, donde retiraron una cerca perteneciente a un predio privado sin presentar documentos oficiales que respaldaran su intervención. Señaló que entre los presentes se encontraban el propio alcalde y el síndico municipal, lo cual calificó como un acto intimidatorio.
“Los altos funcionarios andan aquí en las instalaciones de El Templo, aquí tenemos al síndico y al presidente mismo, donde vienen a quitar una cerca de una propiedad privada y lo hacen como ellos acostumbran, sin documento en mano”, declaró la exalcaldesa visiblemente molesta. Añadió que este tipo de acciones no es un hecho aislado, sino parte de una serie de ataques que ha sufrido en las últimas semanas.
Recordó que el pasado 4 de octubre una de sus farmacias fue clausurada sin sustento legal ni un procedimiento administrativo previo. “Lo hicieron nomás a sus huevos, disculpen la expresión, pero así se las gasta la actual autoridad, quienes dicen que trabajan por el pueblo, pero dejan mucho que desear”, señaló. Acusó que, mientras dejan de atender asuntos prioritarios del municipio, se enfocan en perseguir a opositores políticos.
Carrillo responsabilizó públicamente al presidente municipal de cualquier daño que pudiera sufrir ella, sus familiares o colaboradores, asegurando que teme por su seguridad ante la escalada de hostigamiento. “Hago responsable al presidente municipal de lo que llegue a pasar a mi persona, a mis hermanos, a mi familia y a mis colaboradores por este acto de arbitrariedad que está cometiendo; es un atropello en contra de todos. No sorprende, es su modus operandi, ya sabemos cómo actúa este señor”, concluyó Carrillo Rodríguez.
En una transmisión en vivo, el alcalde intentó justificar su intervención, pero terminó evidenciando su desconocimiento de la ley. Señaló que retiró el cercado porque así se lo solicitó el comisariado Carlos Almaguer, supuestamente con base en una resolución del Tribunal Agrario, aunque nunca mostró dicho documento.
No obstante, la legislación es clara, un presidente municipal no tiene facultades jurisdiccionales para tomar posesión de un terreno, aun cuando lo solicite un particular. Tampoco el síndico está facultado para ejecutar acciones de ese tipo. Mientras no exista una orden legal debidamente acreditada, cualquier intervención constituye una invasión flagrante a la propiedad privada.
