Diversas instancias gubernamentales, así como colectivos civiles en defesa de los derechos de los niños en San Luis Potosí revelan datos alarmantes en torno a la violencia sexual infantil que alcanza un alto nivel de incidencia e impacto en todas las regiones del territorio potosino; en las cuatro zonas del estado se acumulan casos de este tipo de abusos y vejaciones en contra de niñas y niños desde los cuatro hasta los 17 años de edad.
El Altiplano concentra hechos estremecedores. En Matehuala, trascendió el caso de una niña de once años se convirtió en madre tras ser violentada por un hombre de 47 años, caso por el cual la Fiscalía abrió una investigación por violación equiparada. Sin embargo, colectivos señalan que, como en otros episodios, lo más probable es que termine en la impunidad. En la zona se registran condenas tardías, procesos judiciales débiles y acuerdos familiares que silencian los delitos. Historias de niñas abusadas, adolescentes embarazadas y menores vendidos o explotados forman parte de un patrón que se repite año con año, mientras los agresores suelen permanecer en libertad.
Sin embargo, aunque una gran cantidad de casos se han documentado, tanto por instancias de Gobierno como por organizaciones civiles, éstas no derivan en sentencias penales. En San Luis Potosí, de enero del 2019 a marzo del 2025 se abrieron 549 carpetas de investigación por abuso sexual y violación contra menores en la zona metropolitana, pero solo dos fueron judicializadas y únicamente una culminó en sentencia condenatoria.
Al respecto, la Fiscal General del Estado, María Manuela García Cázares, afirma que este tipo de delitos, tanto físicos como digitales tiene un bajo índice de denuncias, esto debido a que la mayoría de las víctimas decide no acudir a las instancias procuradoras de justicia, ya sea por coacción o por vergüenza, lo que imposibilita la persecución y encarcelamiento de los culpables.
La realidad es que, pese a las diferencias regionales, en todas las zonas del estado persisten dinámicas de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. La falta de acceso a la justicia, la escasez de albergues y programas de prevención, así como la normalización social de estas agresiones, mantienen a la infancia en una situación de vulnerabilidad constante en San Luis Potosí.
