Los estudiantes de la Universidad Intercultural de Matehuala viven un clima de hostigamiento y persecución luego de iniciar un paro para denunciar abusos de autoridad al interior de la institución. Lejos de abrir canales de diálogo, el director Jesús Valencia Celaya emprendió una campaña de amenazas directas en su contra, advirtiéndoles que serían reprobados en todas las materias, expulsados del plantel o despojados de sus becas federales si no desistían del movimiento. Incluso les advirtió que ya existen “grupos de choque” listos para atacarlos físicamente en caso de que insistan en continuar con la protesta.
El temor entre la comunidad estudiantil creció rápidamente al considerar que su integridad está en riesgo real y no se trata solo de intimidaciones verbales. Varios alumnos declararon que, ante la falta de intervención de las autoridades superiores, podría repetirse una tragedia similar a la de Ayotzinapa, donde estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada tras reclamar sus derechos. Aseguran que dentro del plantel hay personas ajenas a la plantilla académica, colocadas estratégicamente para vigilar cada movimiento.
El paro estudiantl ocurrió cuando María de la Luz, trabajadora de intendencia conocida como “Doña Pili”, fue privada de la libertad dentro de las instalaciones por órdenes del propio director. Fue encerrada en un salón bajo llave con el propósito de obligarla a firmar su renuncia sin derecho a defensa. Este hecho quedó en el registro interno del personal y generó indignación entre alumnos y docentes, quienes lo consideran un acto de secuestro laboral cometido con total impunidad y sin consecuencia alguna para los responsables.
El hostigamiento también se extendió contra académicos que mantenían una relación de respeto y apoyo con los estudiantes. Entre ellos destaca el caso de la maestra Aida Lilian Torres Castelo, reconocida por su compromiso y puntualidad, quien fue retirada del cargo de manera arbitraria sin explicación oficial. En contraste, continúan impartiendo clases personas sin la preparación necesaria, como Aldo César Sánchez Vedoy, quien se desempeña como docente sin contar con título profesional. Los alumnos consideran que estos movimientos buscan desmantelar cualquier resistencia interna y colocar únicamente a personal obediente a los intereses del director.
Otro personaje clave en la red de intimidación dentro del plantel es María Fernanda Medellín Cázares, actual directora de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Matehuala y también maestra en la universidad. En lugar de proteger a los alumnos, utiliza su cargo público para amenazarlos con reprobaciones y retiro de becas si siguen participando en el paro. A pesar de recibir un salario municipal, también cobra como docente, lo que constituye un doble ingreso con funciones incompatibles. Además, funge como operadora directa de presión psicológica al servicio de la dirección, vigilando reuniones y registrando a quienes participan en la protesta.
Ante este panorama, los universitarios hicieron un llamado urgente al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Giovana Argüelles, para intervenir antes de que ocurra una tragedia. Aseguran que no buscan confrontación ni violencia, sino frenar el abuso y garantizar su derecho a estudiar sin miedo. “Si algo nos pasa, dejamos claro quiénes son los responsables”, advirtieron.
