El Congreso del Estado de San Luis Potosí, a través de la Comisión de Justicia, planteó la necesidad de buscar modificar el Código Civil con el fin de proteger a dueños con propiedades rentadas, de inquilinos que no cumplen con los pagos de la renta, servicios públicos básicos como agua potable, teléfono, energía eléctrica o que causan destrozos en los inmuebles.
Por lo regular, esta clase de servicios son cobrados de forma mensual o bimestral y en los contratos se especifican los acuerdos entre el rentero y el inquilino, que deben llegar a un dictamen sobre estos términos y especificar quien será el encargado de los pagos
Sin embargo, cuando existe un conflicto entre ambas partes, que con el tiempo perjudica al rentero cuando el inquilino no cumple con el pago puntual de los servicios básicos, considerando además que se generan intereses moratorios, volviéndose una deuda mayor e incontrolable que afecta la esfera económica tanto del propietario como de la persona quien renta el bien inmueble, es así que al ser el propietario del mismo a la larga es quien deberá responder por incumplimiento.
Una de las acciones que se busca implementar indica que la persona propietaria podrá exigir la finalización del contrato ante la falta de pagos y daños al inmueble.
