A pesar de operar desde hace varios años como parte de la Delegación del Bienestar en San Luis Potosí, Eduardo Serrano ha negado públicamente tener relación alguna con dicha institución, sin embargo, testimonios de extrabajadores y videos difundidos en redes sociales lo ubican como una figura clave en la manipulación de comités ciudadanos encargados de asignar obras de programas federales.
Conocido entre los pasillos de la dependencia como “El Chico Maravilla”, Serrano ha sido señalado por intervenir directamente en la selección de perfiles, influir en decisiones administrativas y fungir como operador político al servicio del delegado estatal, Guillermo Morales López.
Según versiones de extrabajadores de la institución, cuando los comités no se integran con personas afines a su grupo, Serrano ha llegado incluso a interrumpir asambleas comunitarias, lanzando consignas y obstaculizando su instalación, además de esas acciones, se le ha visto en actos públicos actuando como asistente logístico de enviados federales, particularmente del programa IMSS-BIENESTAR, lo que refuerza las versiones de que mantiene un rol operativo, aunque sin un nombramiento formal.
Las denuncias incluyen también la presunta creación de una estructura paralela para controlar los programas La Escuela es Nuestra, La Clínica es Nuestra y Jóvenes Construyendo el Futuro. Excolaboradores de Bienestar afirman que los comités son conformados con personas cercanas a su grupo, con el objetivo de direccionar contratos hacia empresas afines, sin garantizar calidad o transparencia.
Uno de los casos más notorios es el de una clínica en Villa de Reyes, la cual, pese a haber recibido más de un millón de pesos en recursos públicos, permanece como un terreno baldío. Otro ejemplo es el de Villa de Arriaga, donde una obra recién entregada colapsó parcialmente poco después de su inauguración.
Serrano habría aspirado recientemente a ser designado como titular estatal de Jóvenes Construyendo el Futuro, con el respaldo del delegado Morales. No obstante, fuentes federales aseguran que su nombramiento fue bloqueado desde oficinas centrales en Ciudad de México, al detectarse presuntas prácticas de corrupción, uso indebido de programas sociales y manejo político-electoral en la operación de Bienestar en la entidad.
Durante su gestión como coordinador del programa de vacunación contra COVID-19 en San Luis Potosí, Eduardo Serrano también fue objeto de señalamientos por presuntas irregularidades, como la venta de vacunas a particulares y la asignación discrecional de dosis a personas influyentes, en detrimento de adultos mayores y población vulnerable.
Las denuncias en su contra ilustran, según los testimonios recabados, una red de control clientelar dentro de la estructura de Bienestar, utilizada para fines políticos y personales, al margen del espíritu original de los programas sociales federales.
