En 1836 el territorio que ahora comprende el estado de Texas se independizó de México, luego de una revuelta iniciada por inmigrantes bajo el mando del general Samuel Houston quien dejó claro desde entonces que la frontera al sur era el río Bravo. Esta línea divisoria natural cubre la mitad de los más de 3 mil kilómetros de límite entre Estados Unidos y México.
El control de esa área se ha vuelto foco de disputa política entre el gobierno federal norteamericano y el estado de Texas por la aplicación de políticas antiinmigrantes que se acompañan de discursos de odio. El gobernador Greg Abbott que pertenece al ala más ultra y conservadora del partido republicano, mantiene una sorda batalla legal contra la Administración Biden para invalidar leyes que otorgan protección o asilo a migrantes como el programa DACA (que autoriza la residencia temporal a jóvenes llegados en la infancia) o contra el Título 42 (una norma sanitaria que expulsaba a solicitantes de asilo durante la pandemia), asuntos que Abbott, exfiscal general de su estado, ha litigado con mediano éxito en la Suprema Corte.
Este personaje que gobierna Texas desde 2015, ha puesto en marcha medidas contrarias a leyes federales para contener el ingreso de migrantes a Estados Unidos a través de su territorio. Reforzó el sector que va desde El Paso hasta Brownsville con elementos de la Guardia Nacional estadunidense, fletó autobuses para trasladar a migrantes a “ciudades santuario” como Nueva York y mandó colocar alambres de púas en cruces para persuadir el ingreso de personas.
La última y brutal estrategia de contención ocurrió el 10 de julio. El gobernador anunció “una nueva barrera marina” mediante la colocación de boyas en el río Bravo cerca de Eagle Pass fronteriza con Piedras Negras, Coahuila, un transitado paso debido a la estrechez del cauce.
Las esferas miden un metro de diámetro y están revestidas de púas en sus contornos. Dos hileras han sido tendidas a lo largo de 300 metros en el punto referido, inhibiendo el cruce de personas apostadas en campamentos del lado mexicano. Abbott se jactó en afirmar que estaba asegurando la frontera desde la frontera. Como era de esperarse, el arrebato causó la indignación de organizaciones defensoras de derechos humanos y la protesta del gobierno mexicano que envió una nota diplomática acusando violación del Tratado de Aguas.
Al tiempo que se instalaba la nueva barrera flotante, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil contra ese estado sureño para exigir su retiro aduciendo daños al entorno y riesgos a la seguridad de las personas que cruzan por ahí. Ante el anuncio, el político conservador se negó a ordenar el retiro de las boyas.
El gobierno de Biden sostiene que ninguna medida de ese tipo es necesaria debido a que los cruces fronterizos disminuyeron tras la derogación del Título 42 y la nueva política de restricciones activada desde mayo.
Desde México debemos hacer un enérgico llamado y manifestarnos por la vía diplomática y legal, contra acciones de este tipo que además de ser abiertamente violatorias de los derechos humanos, vulneran la dignidad de familias enteras que tienen derecho a la movilidad. El clima hostil e inhumano que promueve Texas contradice sus orígenes de fuertes raíces migrantes.
