Organizaciones y ciudadanos promovieron un amparo ante un juez federal para solicitar la suspensión del registro obligatorio de líneas celulares, al considerar que la medida vulnera derechos fundamentales y expone información sensible de los usuarios.
En la demanda se argumenta que el padrón telefónico viola la privacidad y la intimidad, pone en riesgo los datos personales y no resulta proporcional ni eficaz para combatir delitos. Señalaron que el mecanismo trata a toda la población como sospechosa y podría incrementar los riesgos de extorsión.
Advirtieron que el Estado no cuenta con la capacidad técnica para proteger una base de datos de esta magnitud y recordaron que los chips telefónicos se comercializan sin controles efectivos, lo que debilita aún más el objetivo del registro. También subrayaron que el daño derivado de una posible filtración de información sería irreparable.
Entre los argumentos presentados se destaca que la suspensión del registro sí es jurídicamente procedente y que antecedentes como el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) demostraron el fracaso de este tipo de mecanismos.
Los solicitantes señalaron que el objetivo del amparo es frenar la entrega de datos personales a un sistema que consideran frágil y vulnerable, y enfatizaron que la defensa de la privacidad constituye una protección esencial de los derechos humanos básicos.
