En México, la Ley Federal del Trabajo establece que las empresas están obligadas a repartir una parte de sus ganancias anuales entre los empleados, un derecho conocido como PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades). Este beneficio busca compensar el esfuerzo colectivo de los trabajadores en el éxito económico de una compañía.
El pago de utilidades debe realizarse dentro de los 60 días posteriores a la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta de la empresa, es decir, entre abril y mayo de cada año. Sin embargo, si una compañía no obtuvo ganancias en el ejercicio fiscal anterior, no está obligada a realizar este reparto.
El monto a repartir equivale al 10% de las utilidades netas de la empresa, distribuido en dos partes iguales: la primera se divide según los días trabajados, y la segunda, de acuerdo con el salario de cada empleado. Quienes llevan menos de un año en la empresa reciben un cálculo proporcional al tiempo laborado.
Sectores como instituciones de asistencia privada, empresas recién creadas en su primer año y organismos descentralizados con fines culturales o de beneficio social están exentos de este pago. Además, los trabajadores de confianza pueden recibir un monto diferente, siempre que no sea menor al correspondiente a otros empleados.
En caso de incumplimiento, los empleados pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) o iniciar un reclamo ante las autoridades laborales. Conocer estos plazos y condiciones permite a los trabajadores ejercer sus derechos y planificar mejor sus finanzas personales.
